El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Roberto Ugarte, dijo el domingo que la aerolínea privada Aerosur se escudó en "chicanerías jurídicas" para dilatar el pago de las millonarias deudas que tiene.
"Abiertamente esta empresa ha dejado de pagar impuestos y ha acudido a una chicanería jurídica para dilatar todas estas deudas que debe al Estado", dijo en el programa dominical El Pueblo es Noticia de la radio y televisión estatal.
Impuestos Nacionales instruyó el pasado 15 de febrero a la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés), el embargo, retención y remisión de pagos en favor de esa aerolínea, por una deuda de 108,7 millones bolivianos que arrastra desde 2004.
Aerosur tiene pendiente también 30 procesos en instancias judiciales, para frenar el cobro de deudas que a la fecha alcanzan a 122.108.676 bolivianos.
Ugarte subrayó que las "chicanerías jurídicas" solamente alargan el cumplimiento de las obligaciones tributarias, pero que "tarde o temprano llega la justicia".
La crisis de la aerolínea AeroSur provocó la suspensión de vuelos e incertidumbre entre sus usuarios, mientras que el Gobierno exige a la empresa ser "tangible y real", entre otros compromisos, para lograr apoyo del Estado a sus planes de salvataje que aún no ha presentado.
"La empresa se comprometió a demostrar su patrimonio, y su plan de inversiones para elaborar el plan de Salvataje, y debía empezar pagando las deudas con sus empleados, pero hasta ahora no ha cumplido", dijo en pasados días el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Vladimir Sánchez.
Asimismo, el director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Clifford Paravicini, informó que Aerosur tiene una deuda de al menos 375.000 bolivianos por multas ejecutoriadas, por incumplimiento de rutas y atrasos en sus itinerarios, deuda que se suma a otra millonaria que tiene esa empresa, principalmente con Impuestos Internos.
Ugarte agregó que esa aerolínea adeuda "montos millonarios" a las empresas de telecomunicaciones, de servicios aeroportuarios y por el suministro de combustible, además de sus deudas con las Administradoras de los Fondos de Pensiones y la Caja de Seguro de Salud.
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