Creada en 2010 en la ciudad de Mérida (Venezuela), LaMia lo tenía casi todo. El fundador y propietario de la aerolínea, el empresario venezolano Ricardo Alberto Albacete, había gestionado el financiamiento para la compra de aeronaves. Tenía, además, una red de aliados y colaboradores en el Gobierno del presidente Hugo Chávez.
Era amigo del gobernador del estado de Mérida, Marcos Díaz Orellana, del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), quien le brindaba un trato preferencial: le había cedido sin costo los espacios del aeropuerto Alberto Carnevalli, cerrado desde 2008, para que instalara allí las oficinas de un emprendimiento que buscaba convertirse en una empresa exitosa y con marca ‘socialista’, según la denuncia de un diputado opositor William Dávila. Lo que LaMia nunca tuvo, sin embargo, fue la certificación de la autoridad aeronáutica venezolana como operador legal de transporte aéreo.
Documentos oficiales a los que tuvo acceso EL DEBER demuestran que la Línea Aérea Mérida Internacional de Aviación (LaMia) fue registrada el 28 de abril de 2010 con un capital de 10 millones de bolívares, equivalentes para la época a casi $395.000 dólares. En el expediente del registro mercantil de Mérida —de 455 folios— se destaca que Ricardo Alberto Albacete estableció una estructura de empresa familiar: su esposa y sus dos hijas eran las principales accionistas, junto con un único socio llamado Gerardo Cabaña Arcos, un empresario venezolano.
Dos semanas después, el 13 de mayo de ese año, el gobernador Díaz Orellana anunció ante los medios que la nueva aerolínea sería una empresa mixta y que el Estado tendría participación a través de una inyección de 5 millones de dólares provenientes del Acuerdo China-Venezuela.
La promesa incluía tarifas planas para los clientes, rutas nuevas en Venezuela, conexiones a destinos turísticos de América y Europa y el reembolso total del pasaje en caso de no abordar los vuelos.
“Este primer desembolso del Gobierno chino permitirá que a finales de agosto o principios de septiembre lleguen desde Toulouse, Francia, las dos primeras aeronaves ATR-500 de última generación”, según declaró Díaz Orellana a la prensa. También agregó que el presidente Hugo Chávez había autorizado la operación: “Nos anima este proyecto y contamos con el apoyo irrestricto del presidente Hugo Chávez, a quien le llevé un punto de cuenta y ha ordenado los recursos por el Banco del Tesoro”, anunció el gobernador en declaraciones que difundió el diario estatal Correo del Orinoco.
El mandatario regional explicó que después vendría la certificación tanto de los aviones como de la línea aérea, por medio del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC). Pero este paso nunca se concretó. Cabaña Arcos, uno de los principales accionistas al momento de la creación de la empresa, dijo el martes a EL DEBER: “Justo antes del proceso para tramitar la certificación, yo me retiré [de la empresa]. Estábamos en la elaboración de los manuales cuando me fui. Tenía otras cosas y negocios que requerían mi atención y decidí partir junto con el equipo que me acompañaba. Solo fui socio dos o tres meses después de que se creó la empresa”, relató vía telefónica.
—¿De dónde provino el capital para la compra de los aviones? ¿El Gobierno financió a LaMia?
—Yo no tengo conocimiento de que el Gobierno haya dado plata para eso. Solo estuve tres meses en la empresa. Si se concretó, fue después de que yo me fui. No recuerdo nada de eso porque ya no formaba parte de la empresa. Yo pasé la página y me dediqué a otras cosas sin ninguna relación con LaMia.
Cabaña Arcos ocupó el cargo de vicepresidente de la aerolínea. Cuando se le consultó por los posibles motivos que tendría el INAC para negar la certificación a LaMia, responde: “No quiero emitir una opinión, pero supongo que está bien sustentado el planteamiento del INAC”. Agrega que “cortó los vínculos” con Albacete y la compañía y que no volvió a reunirse con él.
Extraños vínculos
La vacante dejada por Cabaña Arcos abrió paso a un nuevo miembro en la junta directiva de LaMia. Un acta en el expediente de la empresa revela que Albacete reestructuró la junta directiva y otorgó el cargo de vicepresidente de LaMia al general de división (av.) Tulio Quintero Ramírez, quien era para esa fecha director del Servicio Autónomo de Puertos y Aeropuertos de Mérida (Sapaam), un cargo que además dependía del gobernador de la entidad, que era Díaz Orellana.
La colocación del general Quintero Ramírez en la junta directiva de LaMia tenía otro propósito: persuadir y suavizar las posiciones más contrarias a la entrada de LaMia en el mercado y construir confianza en el alto Gobierno: Quintero Ramírez fue piloto de confianza de Hugo Chávez durante los primeros años de su gobierno, entre 1999 y 2000. Su carrera había ascendido con el chavismo y para julio de 2006 ya había sido designado por el mandatario jefe y segundo comandante del Estado Mayor de la Comandancia General de la Aviación en Caracas.
Después fue designado agregado de Defensa de la Embajada de Venezuela en Washington. Pero esto tampoco surtió el efecto esperado.
LaMia pasó tres años sin poder iniciar operaciones, pese a que Albacete intentó por varios medios sortear los obstáculos de la burocracia venezolana. En 2013, luego de tres años de creada y sin el aval de la autoridad aeronáutica, buscó el respaldo del gobernador del estado Nueva Esparta (Isla de Margarita, Venezuela), el general Carlos Mata Figueroa —también del partido de Gobierno, el PSUV— quien respaldó a Albacete y hasta celebró un vuelo inaugural al territorio insular, un destino turístico por excelencia frente a las costas del Caribe.
Para el momento en el que el proyecto de LaMia había aterrizado en el Caribe venezolano, Albacete y el general Mata Figueroa habían diseñado varias propuestas: hablaban de conectar el destino turístico con Brasil y competir con la principal aerolínea estatal Conviasa. Y quizá ese era el problema. William Dávila, diputado al Parlamento venezolano por el estado Mérida, del partido opositor Acción Democrática (socialcristiano) estima que LaMia pretendía competir con ventaja: recibía trato preferencial y prebendas del altos funcionarios del gobierno en medio de un entorno en el que reinaban la opacidad y denuncias de irregularidades.
“Había algo raro y oscuro en todo aquello. Albacete no estaba solo, gozó de mucha publicidad y tuvo muchos apoyos. Yo denuncié en el Parlamento que el entonces gobernador de Mérida le había otorgado los espacios mientras se discriminaba a otras empresas. Había competencia desleal. El chavismo había convertido el aeropuerto Alberto Carnevalli en un club privado para amigos del Gobierno”, relató el martes en conversación exclusiva con EL DEBER.
Dávila también apunta a que había grupos dentro del chavismo que no estaban interesados en que LaMia recibiera certificación como operador de transporte aéreo y acusa al exgobernador Díaz Orellana de tráfico de influencias a favor de la aerolínea y de beneficiarse con toda la operación. “La entrega de los fondos por parte del Gobierno fue asunto público, estaba por todos los medios. Todo eso era cierto. Albacete tenía el apoyo de tres gobernadores del chavismo, incluyendo al mandatario del estado de Bolívar, el general de división Francisco Rangel Gómez. Pero no había transparencia y todo se hacía detrás del poder… y terminó muy mal. Deberían estar pidiendo perdón a todas las víctimas”, expresó.
LaMia no pudo ni siquiera concluir su inscripción en el Registro Nacional de Contratistas, que le permitiría ofrecer servicios al Estado venezolano. El 22 de octubre de 2014 el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) dictó mediante un acto administrativo la culminación insatisfactoria del proceso de certificación de LaMia. Albacete introdujo un recurso de reconsideración, pero al mes siguiente, en el interín, el presidente Nicolás Maduro dictó, mediante decreto, la intervención de todo el Instituto de Aeronáutica, destituyó al presidente, el mayor general Hebert García Plaza, y nombró una junta interventora que encabezó Eduardo Falcón Gotopo.
Un acta judicial revela que la junta interventora ratificó la medida del organismo contra LaMia. La negativa del INAC a otorgar certificación a la aerolínea es motivo de controversia en Venezuela. Los adversarios de Albacete apuntan a que servía de testaferro de altos funcionarios del chavismo y aseguran que el verdadero propietario de la empresa era Sam Pa, un empresario chino acusado de prácticas mafiosas por el Gobierno de Estados Unidos.
Sabiéndose perdido, Albacete se jugó la última carta y decidió apelar la decisión mediante una demanda contra el INAC ante el Tribunal Supremo de Justicia. Un acta judicial de este proceso da pistas sobre la negativa del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC), basándose en el artículo 66 de la legislación que rige las actividades aeronáuticas en el país:
“El INAC dio por culminado de manera insatisfactoria el Proceso de Certificación como prestador del Servicio Público de Transporte de pasajeros, carga y correo, al no alcanzar con lo establecido en el artículo 66 de la Ley de Aeronáutica Civil. (…). El presidente de la Junta Interventora del INAC ratificó esa negativa en su respuesta al Recurso de Reconsideración interpuesto (…) siendo notificada la empresa mediante oficio Nº PRE/6843/GGTA/GOAV/NAC/3112-2014, de fecha 15 de diciembre de 2014 (…)”, dice el documento.
El artículo 66 de la Ley de Aeronáutica Civil expresa que toda empresa “deberá cumplir con la confirmación de idoneidad económica, demostrar capacidad técnica, existencia de garantías al cumplimiento de responsabilidades derivadas de la prestación de servicio [de transporte aéreo]”. El caso reposa en un limbo jurídico. EL DEBER envió el martes una solicitud de información pública al INAC, pidiendo conocer detalles del proceso de certificación de LaMia. Hasta el jueves a mediodía el organismo en Caracas no había respondido.
EL DEBER intentó consultar a Ricardo Albacete, pero hasta mediodía del jueves no había recibido respuesta. El lunes se hicieron cuatro llamadas a varias de sus empresas en Mérida. Una mujer que respondió el celular del empresario afirmó que no se encontraba en Venezuela y afirmó que estaba en España. Se le hicieron llegar 12 preguntas sobre LaMia y la relación con la empresa creada en Bolivia, que operaba las aeronaves propiedad de Albacete y que se siniestró en Medellín con 71 pasajeros del club de fútbol brasileño Chapecoense
