La ruta de LaMia en la DGAC fue marcada por tres exmilitares en una trama de influencias

La noche del 28 de noviembre 71 vidas se apagaron durante el impacto de un AVRO RJ85 con la parte alta del cerro El Gordo, apenas a 17 kilómetros del aeropuerto de Rionegro, muy cerca a Medellín, Colombia. En realidad esa tragedia empezó a gestarse un año y cuatro meses antes en los despachos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), en La Paz.

Tenía 24 días en el cargo y cometió su primer error. Virgilio Pereyra Quiroga había jurado el 7 de julio de 2015 como director de la DGAC y el 30 de ese mismo mes firmó quizá el documento más polémico de su carrera: la autorización para que la empresa LaMia Corporation pueda brindar servicios aéreos.

Al lado de su rúbrica aparece la firma de Gustavo Steven Vargas Villegas —hijo del gerente de LaMia, Gustavo Vargas Gamboa— que en ese entonces era el director nacional de Registro Aeronáutico de la DGAC.
En 2010 tuvo un polémico ascenso al grado de general. Pereyra ocupó ese cargo por “necesidad de servicio”. Cinco años después, Evo Morales lo designó como director de la DGAC y en esa entidad permaneció hasta el 3 de agosto de esta gestión.

El ministro de Obras Públicas, Milton Claros, en entrevista con EL DEBER, confirmó que Pereyra firmó el 30 de julio de 2015 la autorización para que LaMia pueda operar en Bolivia y en el exterior. Dio ese aval, pero antes ya había operado Vargas Villegas.

“Estamos investigando el accionar de este director (Pereyra), porque en 2014 se supone que hubo toda una tramitología que al final el director autoriza en julio de 2015”, detalló Claros.

La autoridad fue contundente. Ese 7 de julio de 2015 tanto Pereyra Quiroga como Vargas Villegas debían evitar poner su rúbrica de autorización para que la aerolínea LaMia pueda operar. El primero porque conocía que Vargas Gamboa —también miembro de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB)— era gerente de la empresa solicitante y que su hijo (Vargas Villegas) era quien avaló toda la tramitación. Mientras, que el segundo debía excusarse de dar ese aval, ya que incurría en uso indebido de influencias. No sucedió ni lo uno ni lo otro.

Autorizan la matrícula
Es más. En enero de 2016 ambos también autorizaron la aprobación de la matrícula CP2933 de la aeronave que se estrelló la noche del 28 de noviembre cerca a Medellín, que era su destino final.

Pereyra tiene su teléfono móvil apagado y su entorno no sabe dónde está. Evitan hablar de su paradero y emitir comentarios sobre su paso por la DGAC. Vargas Villegas fue aprehendido el último jueves.
Claros aclaró que fue el Ministerio de Obras Públicas quien observó un posible tráfico de influencias y uso indebido de funciones en la DGAC y la aerolínea propietaria del avión. Esa irregularidad tuvo efecto en una querella contra Vargas Gamboa, Vargas Villegas y se estudian procesos contra los generales Pereyra y Tito Gandarillas, exdirector de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana). Este último fue comandante de las Fuerzas Armadas (FFAA).

Según archivos del departamento de Recursos Humanos de la DGAC, Gustavo Steven Vargas Villegas ingresó a trabajar a esa entidad en 2006 como asistente de dirección. De a poco fue subiendo escaños hasta llegar a ser director nacional de Registro Aeronáutico.

No tiene observaciones en su perfil profesional hasta el aval que emitió a favor de la empresa de su padre. Incluso, aprobó capacitaciones para ascender de cargo.

Claros investiga quién lo mantuvo en el puesto y si hubo actos irregulares para que permanezca en DGAC. Una de las personas a investigar es el general Pereyra, quien tomó decisiones con Vargas Villegas a beneficio de LaMia.

No es la primera vez que en la DGAC existen denuncias de beneficios de funcionarios para empresas de sus familiares. En 2013 se conoció que Jorge Pardo, entonces jefe de la unidad de accidentes e incidentes de la DGAC, ayudó a su hijo que trabajaba como copiloto de la aerolínea extinta Aerocom. Pardo investigaba un accidente en Riberalta de un avión de esa empresa en el que perdieron la vida ocho personas y diez resultaron heridas.

Con ese antecedente, Obras Públicas anunció que se hará una investigación para detectar si hay acciones ilegales no solo en la DGAC, sino también en otras empresas autárquicas.
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