La ATT hizo siete observaciones a la propuesta de reactivación de AeroSur, entre las que pide al inversionista de la línea aérea, William Petty, presentar una certificación de “los fondos comprometidos públicamente en el plan de salvataje”.
La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT) remitió una carta al empresario estadounidense en la que además solicita información sobre la deuda “actualizada de los sueldos, beneficios sociales y seguro social de los trabajadores”.
También le pide hacer llegar datos sobre el monto de los pasajes vendidos hasta la fecha a nivel nacional e internacional.
Se exige que presente información sobre la deuda por los servicios de uso de aeropuerto, combustibles y otros asociados a las operaciones de vuelos internacionales a Madrid (España), Miami y Washington (Estados Unidos); Punta Cana (República Dominicana), Sao Paulo (Brasil) y Buenos Aires (Argentina).
Además, según la nota, el plan de salvataje debe incorporar las deudas con las agencias de viaje de Salta, Argentina, que iniciaron un proceso legal por incumplimiento de servicios.
La información referida a los servicios en aeropuertos del exterior deberá estar comprobada mediante las embajadas de Bolivia en España, Brasil, Argentina, República Dominicana y Perú, y los consulados de Bolivia en Miami y Washington.
Otro dato que se le solicita a la empresa es sobre las deudas y obligaciones que tiene AeroSur con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA).
Solución dilatada
El representante de los trabajadores de la aerolínea, Jorge Toro, consideró que las observaciones realizadas yla falta de respuesta a los planes de negocios y de salvajate presentados sólo dilatan la reactivación de la firma.
Explicó que el pedido del Gobierno de verificar información que procede de aeropuertos del exterior llevará “un montón de tiempo”, por lo que exhortó a las autoridades a viabilizar el plan.
Los trabajadores esperan que los ejecutivos de la empresa puedan hacer llegar la respuesta a la carta de ATT lo antes posible.
AeroSur enfrenta una crisis financiera desde mediados de febrero por sus deudas que sólo con el fisco ascienden a más de 1.300 millones de bolivianos, situación que le llevó a suspender sus operaciones hace un mes.
A fin de salvar a la empresa del cierre definitivo, los actuales socios de AeroSur y Petty acordaron un contrato de riesgo compartido, en el que este último se compromete a invertir 15 millones de dólares.
La compañía prevé honrar sus obligaciones en un plazo de cinco años, aunque reconoce sólo un tercio de la obligaciones con todos sus acreedores, según el plan de salvataje, hecho público por Página Siete.
El acuerdo, entre AeroSur S.A. y Franklin Mining, cuyo propietario es Petty, prevé el nacimiento de la empresa AeroSur Riesgo Compartido con NIT propio.
En el documento, el empresario norteamericano no asume las deudas, pero se hace cargo del plan de negocios y de la administración de la compañía,
Empleados marchan y piden solución
Los trabajadores de AeroSur volvieron a marchar ayer en demanda de que el Gobierno de su visto bueno al acuerdo de riesgo compartido y a los planes de negocios y de salvataje que fueron presentados la semana pasada.
El representante de los empleados, Jorge Toro, aclaró que su movilización no tiene afanes de desestabilizar al Gobierno, tal como lo sugirieron personeros del Ejecutivo.
“Nosotros no tenemos intención de desestabilizar al Gobierno, no tenemos intención de aliarnos ni con la Policía, ni con salud, ni con el Tipnis, ni con nadie. Estamos con un fin que es el de recuperar nuestras fuentes laborales”, afirmó.
Lamentó que el estado de emergencia que mantienen desde hace más de cinco meses se haya cruzado con movilizaciones coyunturales. “Nosotros protestamos como trabajadores y ellos (policías) también, cada uno desde su punto de vista, no tenemos ninguna relación”, afirmó.
Explicó que precisamente por ello están plenamente de acuerdo con la propuesta de los socios y del inversionista William Petty para que les paguen los sueldos devengados hasta 2013, así como en el resto de obligaciones sociales, como pago de AFP o a la seguridad social.
Toro le pidió, una vez más, al Gobierno aceptar la propuesta de los socios porque de ello depende el futuro de más de 1.000 familias a nivel nacional.
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