miércoles, diciembre 30, 2015

El TAM tiene tres meses más para definir su situación

El ministro de Defensa, Reymi Ferreira, informó ayer que se otorgó un plazo de tres meses, hasta el 27 de marzo del próximo año, a Transporte Aéreo Militar (TAM) para definir si continúa o concluye con sus operaciones comerciales en el país.

Hasta esa fecha se deberá definir si se convierte o no en una empresa pública.

El 31 de diciembre vencía el plazo para que el TAM pase a ser una empresa pública regulada por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), pues, de no serlo, el Ministerio de Obras Públicas anunció que cortaría sus operaciones comerciales desde el 1 de enero de 2016.

Actualmente, la aerolínea realiza vuelos comerciales y militares y es regulada por la Fuerza Aérea Boliviana (FAB). No obstante, la DGAC es la encargada de regular vuelos comerciales.

Ferreira dijo que el "principal problema” para la transición de empresa militar a empresa pública es el presupuesto.
Según el Ministro, actualmente el 80% del personal del TAM está compuesto por oficiales y suboficiales, cuyos salarios son cancelados con el presupuesto de la FAB.

Al convertirse en empresa pública, el TAM dejará de depender del presupuesto de la FAB y deberá buscar otra fuente para financiar sus operaciones.

"Esto es algo que se va a discutir estos tres meses y al final se verá si es viable o no, o si se tendrá, nomás, que mantener la figura del TAM, pero ya no prestando servicios comerciales, simplemente dedicándose a la actividad militar”, explicó Ferreira.

Pero no se trata sólo de sueldos del personal, sino también de buscar rentabilidad para aportar al bono Juancito Pinto y garantizar el pago de deudas que están en el orden de un millón de bolivianos mensuales que cancela el TAM actualmente. "Puede que ya no sea sustentable (el TAM) con esta nueva condición”, vaticinó la autoridad.

Pese a estas consideraciones, en el gabinete se definió trabajar en el estatuto que determine el cambio del TAM a empresa pública. Los trámites deben concluir con un decreto supremo que ratifique el cambio de personalidad jurídica.

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