Estado iniciará proceso contra SABSA si no hizo inversión

Al finalizar hoy la intervención en SABSA, el Gobierno advirtió que si se constata en un estudio que la filial española expropiada no hizo las inversiones comprometidas y evadió el pago de tributos, se iniciará un proceso legal contra la firma.

Consultado sobre si se verifica que la firma no cumplió su plan de inversiones y el pago de tributos el Gobierno empezaría un proceso legal, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, dijo que se iniciará “como corresponde, si es que ha violado la norma o ha incumplido su compromiso, y de hecho la hemos nacionalizado porque no ha invertido”.

En ese marco, señaló que no sólo se hará un estudio de valuación del “costo real” del paquete accionario de la empresa española para indemnizar de forma “justa” a la firma, sino que además se efectuará un “estudio vinculado a las inversiones (que hizo la filial en el país), los ingresos que obtuvo y el pago de impuestos”, para establecer si la empresa incurrió o no en un daño económico al Estado.

El 18 de febrero, el presidente Evo Morales nacionalizó, vía decreto, las acciones del consorcio español Abertis y la Agencia Española de Navegación Aérea (Aena) en su filial Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA) debido a la falta de inversión para realizar mejoras en los aeropuertos del eje troncal del país. Quintana reiteró ayer que SABSA canceló en 1997 Bs 26.050, correspondiente a 2.603 acciones, para administrar los aeropuertos del eje troncal, valuados en $us 430 millones.

“Imagínese esa barbaridad, entonces los bolivianos tienen que tomar conciencia de los procesos de privatización que a su vez han sido procesos de saqueo de los recursos económicos de los bolivianos; ¿cuántos millones de dólares ha perdido el Estado? (...) y más bien esos millones han sido transferidos al extranjero, dañando a la economía”, dijo el ministro.

Indicó que la firma no hizo las inversiones comprometidas y que su expropiación se realizó en el marco de la Carta Magna, que establece que el Estado debe tener el control de los servicios. De no hacerlo, dijo que representaría un “incumplimiento de deberes” de parte del Estado.

El martes, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) informó que estudia la fecha para hacer una auditoría en la empresa expropiada que puede revelar si el consorcio español compró acciones de la empresa americana Airport Group International (AGI) en el país y si canceló los respectivos tributos por esa transacción.

Un día antes, la Fiscalía informó que investiga si Abertis y Aena, para hacerse cargo de la administración de los tres aeródromos del país, adquirió acciones de AGI en Bolivia o el extranjero. Explicó que en caso de que la compra de acciones se hizo en el país, la española tendría que haber tributado en territorio nacional.

En ese marco, el ministro sostuvo que el Gobierno español debe entender que el Ministerio Público debe efectuar el correspondiente proceso de investigación sobre cómo se administró la filial estatizada. Ratificó que se está revisando el monto de inversión que hizo la española, porque “hay indicios tremendamente preocupantes respecto a que la empresa manejaba doble contabilidad”, que se conocerán en los siguientes días.

Inversión que hizo la española

Informe

La filial española SABSA informó a este medio que, entre marzo de 1997 y diciembre de 2012, invirtió en total $us 49,33 millones. En ese mismo lapso, indicó que canceló la suma de $us 42,13 millones por concepto de impuestos

Agilizarán procesos para compensar a firma

El Gobierno afirmó que se agilizarán los procesos iniciados para compensar a las empresas españolas Red Eléctrica de España (REE) e Iberdrola, por la nacionalización de sus empresas filiales en 2011.

El 19 de febrero, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación del Gobierno español convocó por segunda vez a la embajadora de Bolivia, Carmen Almendras, para expresarle su protesta por la decisión “no amistosa” de expropiar las acciones de Abertis y Aena en su filial SABSA.

En ese marco, el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, informó que en ese encuentro el país ibérico expresó que respeta el derecho soberano de Bolivia de nacionalizar las empresas extranjeras.

Precisó que España exigió que los procesos de valuación de las acciones de las españolas estatizadas “sean lo más correcto posible y se realicen por una firma independiente, pero además que se efectúen lo más rápido posible para no perjudicar a las empresas expropiadas”. Por ello, dijo que el Estado cumplirá “los compromisos” asumidos y se acelerarán los procesos. Acotó que se compensará de forma “justa” a las firmas.