El vocero de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, presentó ayer una denuncia contra la fiscal de Materia, Tatiana Salazar, por incumplimiento de funciones, debido a que esa autoridad no admitió en dos oportunidades la solicitud de investigación a los autores de un presunto uso indebido de influencias, en la aerolínea BoA, a favor de la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera.
A pesar de haber presentado toda la documentación que acredita la denuncia de presunto tráfico de influencias, esta “fue rechazada sin mayor argumentación”, sostuvo Murillo al lamentar “la actitud sumisa de la fiscal Salazar, parcializada con el partido en función de Gobierno”.
“Sin ninguna investigación, la señora fiscal Salazar ha rechazado dos veces las denuncias presentadas sobre tráfico de influencias y corrupción en BoA-Air Catering, donde está involucrada la familia del Vicepresidente, y claramente ha caído en incumplimiento de deberes”, señaló. Dijo que, según manda la ley, un fiscal debe iniciar una investigación de oficio a solo conocimiento de cualquier delito.
Explicó que cuando un fiscal de materia tiene conocimiento de la comisión de un delito, según el artículo 278 del Código de Procedimiento Penal, debe promover e incluso dirigir su investigación. “Nada de eso hizo la fiscal y por tanto violó el artículo 154 del Código Penal”, sostuvo.
En su criterio, la fiscal Salazar, “cometió una gravísima falta, porque por incumplimiento de deberes, pueden darle, si las cosas se hacen como se debe en nuestro país, una pena privativa de libertad de hasta 4 años”.
El articulo 154 del Código Penal determina que “la servidora o el servidor público que ilegalmente omitiere, rehusare hacer o retardare un acto propio de sus funciones, será sancionado con privación de libertad de uno (1) a cuatro (4) años”.
Murillo refirió que para sentar precedente presentará en las próximas horas toda la documentación del caso ante el plenario de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
Además de la denuncia sobre el contrato con del Castillo, Murillo denunció que Winston Casso, hermano del gerente de BoA, Ronald Casso, era parte del equipo de seguridad del Vicepresidente; que la expresidenta del directorio de BoA, Mariana Pardo, fue jefa de gabinete de la Vicepresidencia y que la hermana de la cuñada del Vicepresidente, Fabiana del Castillo, es una funcionaria cercana a Casso en BoA.
Ante la presión, Silvana del Castillo dijo haber vendido su parte en Air Catering.
Las denuncias fueron aceptadas y las contrataciones se justificaron alegando méritos y derecho al trabajo.
Caso de corte
El vocero de UN, Arturo Murillo, informó que sus abogados afinan detalles de la proposición acusatoria que la próxima semana será presentada ante la Fiscalía General en contra del vicepresidente, Álvaro García, por presunto tráfico de influencias. La primera presentación fue prejuzgada, dijo, porque la Fiscalía departamental respondió que el Vicepresidente no puede ser juzgado en esa instancia.
García dijo que pediría la rescisión del contrato de BoA con su cuñada; pero la petición no se cumplió. Días después ella dijo haber vendido su parte.
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