Según estimaciones de expertos, Air Catering tenía previsto ganar Bs 7,5 millones de utilidades netas en esta gestión. Este monto se disolvió, ya que el vicepresidente Álvaro García Linera instruyó a BoA anular el compromiso legal con la empresa, ya que una de sus accionarias es su cuñada, Silvana del Castillo Tejada.
Ayer se insistió en contactar a las empresarias Olga Haydée Osorio de Pérez y Del Castillo Tejada, pero no aparecieron en el edificio donde supuestamente funciona Air Catering. Es más, el esposo de la primera no llegó a las instalaciones de Deser, donde la firma de catering tiene un espacio. Tampoco estaban en el aeropuerto Jorge Wilstermann.
Subcontratos
EL DEBER dialogó en Cochabamba con una experta en servicio de catering. La entrevistada pidió no publicar su nombre, porque la empresa en la cual trabaja puede ser afectada en futuras licitaciones. La empresaria explicó que Air Catering suscribió subcontratos con firmas pequeñas para cumplir el compromiso con BoA, es decir, la firma de Del Castillo Tejada y de Osorio de Pérez no preparan el refrigerio y se limitan a entregar galletas, productos de snack y bebidas a los pasajeros.
La experta hizo una fórmula para explicar cuánto invirtió Air Catering. En un vuelo nacional un pasajero recibe en una caja un jugo de Lacteosbol, un producto snack (maní, papa frita o pasas) o galletas y un caramelo. Además se adicionan líquidos opcionales, como gaseosas, agua o bebidas calientes. Para pagar todos estos productos, dijo la fuente se necesitan Bs 6 por pasajero.
El jugo cuesta en el mercado Bs 2,5, el snack o las galletas Bs 2 y el caramelo Bs 0,50. Un boliviano más se sumaría al vaso de las bebidas y otro para la caja. El total es Bs 7. Tomando en cuenta los datos de BoA, en 2013 atendieron a 1,5 millones de pasajeros; se estima que la empresa Air Catering iba invertir Bs 10.500.000 por el servicio de refrigerio y tendría una ganancia de Bs 7,5 millones. “Es un negocio redondo, porque no necesitan muchos empleados, ya que solo acomodan productos y no preparas nada”, señaló la experta.
Este medio también visitó la clínica Los Olivos, donde trabaja el hermano del vicepresidente. El doctor Mauricio García Linera transmitió a su secretaria que tenía muchas consultas y no podía atender a la prensa
Para saber
1. Guardaespaldas. El hermano del gerente de BoA, Ronald Casso, es parte del grupo de seguridad del vicepresidente Álvaro García Linera. Es mayor de la FAB.
2. Ruptura. Boliviana de Aviación (BoA) alista la disolución del contrato con Air Catering. Este proceso demorará 30 días.
3. Cautelosos. Las ejecutivas de Air Catering anunciaron que no se pronunciarán públicamente. Desde ayer, dijo la asistente de Osorio, el equipo legal de la empresa se hará cargo del asunto.
ANÁLISIS
Si se rescinde el contrato, BoA se expone
Marcelo Arrázola - Pdte. Colegio de Abogados
En mi criterio jurídico, no existe incompatibilidad en el caso del vicepresidente Álvaro García Linera con la empresa Air Catering y la estatal Boliviana de Aviación (BoA), porque no es un negocio que haya ejecutado la Vicepresidencia del Estado Plurinacional ni ningún ente de esa dependencia.
Otro tipo de análisis es el supuesto delito de tráfico de influencia denunciado en este caso. Si hubiera ocurrido, legalmente tiene otro contenido y se refiere a quién en uso del poder que ostenta en la Administración Pública quisiera favorecer a alguién, pero todo debe ser investigado. Además, se puede generar un beneficio a terceros sin necesidad que sea un familiar, como ocurre en este caso que estamos analizando. Corresponde un proceso investigativo de incompatibilidad.
Sobre la instrucción de rescindir el contrato, el vicepresidente no tiene facultad legal para hacerlo. Por más que sea vicepresidente no puede determinar sobre las acciones que tiene que realizar un ente que es autónomo, que ha realizado un proceso de licitación de acuerdo con las normas. Más por el contrario, si BoA procede a la disolución del contrato, puede enfrentar un juicio de la empresa perjudicada por daños y perjuicios.
En todo caso, BoA tiene que valorar todas las denuncias, a través de auditorías internas o de la Contraloría para verificar si se cumplieron o no las normas establecidas por el Decreto Supremo 181, referido a las normas básicas de contrataciones de normas y servicios que establece y regula los temas de contratación pública. Hasta ahora lo que existe es una denuncia por un supuesto tráfico de influencia, que es subjetivo y tiene que ser investigado, porque no existe una incompatibilidad ni una dependencia entre BoA y la Vicepresidencia del Estado Plurinacional
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