La Fiscalía rechazó por segunda vez la demanda presentada por Unidad Nacional (UN) para que se investigue el contrato suscrito entre la aerolínea estatal BoA y la empresa Air Catering, que en el momento de la firma tenía como socia a la cuñada del vicepresidente Álvaro García Linera, mientras que el abogado de la empresaria acusada, Silvana Carolina del Castillo Tejada, confirmó que ella deshizo su participación accionaria en Air Catering y la vendió a la firma La Colonia, de Cochabamba.
El vocero de UN, Arturo Murillo, presentó la querella por uso indebido de influencia en contra de la cuñada del segundo mandatario, de la otra socia de Air Catering, Olga Haydeé Osorio, y el gerente de BoA, Ronald Casso Casso; también incluyó en la querella a Fabián Casso, hermano de Ronald e integrante del equipo de seguridad de García Linera.
El abogado Luis Butikoffer, defensor de Silvana Carolina del Castillo Tejada, señaló que hasta el momento su cliente no ha recibido notificación alguna, pero que cuando lo haga estará dispuesta a colaborar.
Además, confirmó que ella vendió sus cuotas de capital a la empresa La Colonia, una de las tres compañías de cáterin que operan en Bolivia, desde que estalló el escándalo del contrato. No quiso revelar el monto de la transferencia.
La Fiscalía, en esta ocasión, observó la inclusión de los hermanos Casso y señaló que pese a que pidió al denunciante una aclaración sobre este tema, “no se advierte el hecho concreto y las acciones propias que se atribuyan a los mismos”. El argumento del primer rechazo fue porque estaba incluido el vicepresidente, cuando este goza de caso de corte. “Pero no es que García Linera quedará fuera, nosotros presentaremos cuando veamos conveniente una solicitud de juicio de responsabilidades por este tema ante la Fiscalía General del Estado”, explicó Murillo.
El documento, firmado por la fiscal de materia Tatiana Salazar, señala que la denuncia tampoco “establece con claridad a los autores, víctimas, partícipes, damnificados y testigos, entre otros”. “Quieren que hagamos su trabajo”, replicó Murillo.
Por lo tanto, rechazó la denuncia porque no cumple los “requisitos legales pertinentes, no existe relación fáctica clara o no existen elementos necesarios para tomar una decisión”, se lee en el documento entregado ayer
Para saber
El Gobierno contrataca
El Ministerio de Defensa reactivó un proceso en contra del vocero de UN, Arturo Murillo, en el que se lo acusa de tener una libreta de servicio militar falsificada.
La defensa
Murillo respondió que en su momento no pudo hacer el servicio militar porque fue declarado inhábil y que le dieron la libreta con esa excepción. Señaló que no se lo debería investigar, sino a quienes firmaron el documento que le entregaron.
Contrataque
Arturo Murillo presentó una acción judicial para neutralizar esa arremetida gubernamental, ejecutada desde el Ministerio de Defensa.
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