A casi dos semanas de la denuncia, la empresa de la cuñada de Alvaro García afirma que no existen “causales para rescindir el contrato”, porque no existe relación directa entre Air Catering y la Vicepresidencia, y que el Decreto Supremo 181 de Contrataciones Directas de Bienes y Servicios del Estado se aplica a la relación entre la proveedora de refrigerios y BoA.
El artículo 43 f) del DS 181 señala como causales de rescisión de contratos en lo referido a parentescos: “Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o parentesco con la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establece el Código de Familia”, según explicó el abogado de Air Catering, Luis Butikoffer, a medios cruceños. Asimismo, la empresa no descarta abrir un proceso por daños y perjuicios en caso de darse una ruptura unilateral.
El principal sindicado de figuras como “tráfico de influencias”, el vicepresidente Alvaro García, en entrevista con red Uno, dijo que le molestó conocer el caso, tras la denuncia de UN, porque si bien tiene todo el cariño a sus parientes, “al salir de casa la familia no existe para mí”, y por ello les reprochó su conducta, aunque “la cuñada tiene su derecho laboral, se presentó y ganó en buena ley. (Porque) ningún familiar mío puede tener contrato ni relación comercial con el Estado”.
Finalmente, la ministra de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, se pronunció por primera vez sobre el tema y dijo que su despacho sólo puede hacer seguimiento al caso, pues este se encuentra en el Ministerio Público.
“En este caso de BoA tengo entendido que ha sido presentado en el Ministerio Público, aquí pueden presentar una solicitud de que hagamos un seguimiento al Ministerio Público para que se actúe con toda transparencia, pero sobre todo con celeridad”, declaró.
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