Air Catering no recibie notificación de BOA y sigue ofreciendo el servicio

El contrato entre la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) y Air Catering, del que es socia la cuñada del Vicepresidente, aún no ha sido rescindido, por lo que la empresa continúa ofreciendo el servicio de alimentación a los pasajeros de la operadora aérea

La información la dio a conocer al matutino El Deber el abogado de la empresa Air Catering, Luis Butikoffer Requena, quien dijo que la empresa sigue dando el servicio a la aerolínea estatal y que lo seguirá haciendo mientras no haya un proceso legal que diga lo contrario

Según el jurista, hasta el viernes la empresa no había recibido ninguna notificación de BoA para cortar el servicio y tampoco existe ningún obstáculo legal para que continúe trabajando, porque se ha cumplido con todos los pasos que están normados por el decreto supremo 181 sobre contrataciones directas de bienes y servicios del Estado y porque de las 10 causales de rescisión, ninguna se refiere al hecho de que ser “cuñada” del Vicepresidente es un impedimento

El artículo 43, inciso f, del decreto 181 señala como causales de rescisión: “Cuyos representantes legales, accionistas o socios controladores tengan vinculación matrimonial o parentesco con la MAE (Máxima Autoridad Ejecutiva) hasta tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, conforme lo establece el Código de Familia”. Las otras causales se refieren a deudas pendientes con el Estado y sentencias ejecutoriadas

Amparado en dicho inciso el abogado explica que como la MAE es BoA y no la Vicepresidencia de la República, no existe ninguna vulneración de la norma. “Otra cosa fuese si estuviera prestando servicio a la Vicepresidencia, porque ahí habría una relación directa”, argumenta

Air Catering es una empresa de responsabilidad limitada que nació en febrero de 2013 con el propósito específico de dar servicio de catering a aviones, está formada por Silvana del Castillo (cuñada de García Linera) y Olga Osorio. Ese mismo año firmó su primer contrato con la aerolínea privada EcoJet y en enero de 2014 entró en vigencia el contrato que firmó con la estatal BoA por 18 millones de bolivianos y que fenece en diciembre de este año
“Cuando se rompe un contrato sin una causal que esté estipulada, necesariamente se tiene que reconocer los perjuicios y daños. Yo creo que el costo sería muy grande y fuerte para el Estado”, advierte el jurista.