El gerente de la estatal Boliviana de Aviación (BoA), Ronald Casso, dijo ayer que aún no sabe si se puede o no romper el contrato de refrigerio con la empresa Air Catering.
El pedido de rescisión fue hecho hace casi dos semanas por el vicepresidente, Álvaro García, después de que el vocero de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, lo denunciara por presunto tráfico de influencias pues la empresa era de una de sus cuñadas, Silvana del Castillo.
“No podemos especular en decir que esto (el contrato) se puede romper o no se puede romper, en tanto no se enmarque en la normativa”, dijo Casso, según el reporte de radio Pío XII de Erbol.
Después de varios días de no acceder a la solicitud de entrevista de los medios, el ejecutivo fue abordado ayer en una conferencia de prensa sobre el auspicio de BoA a un campeonato nacional de baloncesto.
Casso explicó que, en caso de haber rescisión, debe realizarse de acuerdo a las mismas normas por las cuales se firman los contratos en BoA. Explicó que esa normativa establece cómo contratar, controlar, ejecutar o rescindir un contrato y ésa es la razón por la que todavía no se tomó ninguna decisión al respecto. “Entonces, en esas normas nos estamos rigiendo en éste y cientos de contratos que la empresa necesita para su funcionamiento”, dijo citado por ANF.
La semana pasada, el abogado de del Castillo, Luis Butikoffer, dijo que “no bastaba” una orden del Vicepresidente para rescindir el contrato, pues había 10 causales de rescisión y ninguna de ellas señalaba el parentesco.
La norma prohíbe la firma de contratos estatales con parientes consanguíneos de la Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE).
Butikoffer señaló que la MAE de BoA es Casso y no el Vicepresidente.
Casso también admitió que su hermano Winston Fabián Casso Casso, es funcionario de seguridad de la Vicepresidencia y dijo que ocupa el cargo por “mérito propio” y no por tráfico de influencias, como denunció Murillo días atrás.
Winston Fabián fue denunciado junto a la actual jefa de gabinete de la Vicepresidencia, Mariana Prado Noya, quien fue presidenta del directorio de BoA.
Hace pocos días, del Castillo informó en una carta abierta que había vendido sus acciones en la empresa aunque no dio a conocer el nombre del comprador. Al respecto, el abogado Ciro Añez, explicó que la transferencia de acciones no modifica el pasado.
Por otra parte, la ministra de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, Nardi Suxo, justificó ayer que no seguirá una investigación de oficio porque su cartera de Estado no recibió ninguna denuncia formal.
Entrevistada por la red Cadena A afirmó que “no puedo actuar de oficio y lo tienen muy claro los diputados y senadores de la oposición y del oficialismo. Saben perfectamente que nosotros no actuamos de oficio, no nos ha llegado nada y no podríamos procesar absolutamente nada. Yo he conocido (el hecho) por la prensa”.
Anoche, Murillo dijo que la denuncia fue enviada ayer; pero hizo notar que “es obligación” de Suxo perseguir un ilícito.
Antecedentes
El vocero de Unidad Nacional (UN), Arturo Murillo, formalizó una denuncia contra del vicepresidente Álvaro García por tráfico de influencias al, presuntamente, beneficiar a su cuñada Silvana del Castillo con un contrato con la estatal BoA.
La denuncia fue rechazada en la Fiscalía departamental aduciendo que debe presentarse ante el Tribunal Supremo, en Sucre.
Murillo anunció que prepara dos denuncias, una en Sucre contra García y otra en esta ciudad contra Casso y Air Catering.
El Sistema de Contrataciones Estatales registra que el contrato entre BoA y Air Catering es por más de 26 millones de bolivianos.
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