La Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) demandó ayer al Gobierno la aplicación de reglas claras e igualitarias para el inversor público y privado que opera en el país, en consonancia con el pedido que hizo hace un par de días la línea aérea privada AeroSur.
Esta compañía de aviación se quejó, desde la semana pasada, de que el Gobierno realiza una ofensiva en su contra. Su presidente, Humberto Roca, emite una propaganda en los medios audiovisuales en la que cuestiona al Presidente Evo Morales si el rol del Estado es competir con la empresa privada.
Ayer, Roca dijo a La Prensa que el Estado usa todos sus medios para crear zozobra entre el público, de ahí que “misteriosamente todo se da al mismo tiempo (auditorías, suspensión de aviones)”.
“Gracias a Dios, dijo el empresario, que esta situación no está ocasionando pérdidas, porque más bien los usuarios se solidarizaron, pero lo que sí provoca es una alerta fuera del país.
La primera medida estatal en contra de AeroSur, según Roca, fue la supuesta competencia desleal de BoA, que lanzó la oferta de dos por uno para viajar a Argentina, como promoción por la inauguración de la ruta.
A esto se sumó la conminatoria de la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, de que Roca presente las pruebas que respalden su acusación de que BoA no realizó licitaciones para la contratación de servicios, o de lo contrario sería procesado por encubrimiento.
Luego, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) ordenó la suspensión de dos aviones de la empresa debido a fallas técnicas; sin embargo, ambas naves ya se encuentran en funcionamiento desde el domingo 23, según aseguró Roca. El 20 de mayo, la Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas (AEMP) instruyó la revisión de los estados financieros de la empresa áerea como parte —dijo— de un control rutinario.
El lunes el director de la AEMP, Óscar Cámara, denunció que AeroSur suscribió un contrato con el Ministerio de Gobierno para la prestación de servicios en las gestiones 1999-2000 bajo la partida de gastos reservados, y que incumplió la presentación de sus estados financieros.
El presidente de la organización empresarial, Daniel Sánchez, consideró que el Gobierno, como administrador del Estado, es el responsable de generar las mismas condiciones para el inversor nacional como para el extranjero. En su criterio, “el problema es que no se mide con la misma vara a los involucrados; AeroSur podrá tener sus problemas, BoA también, pero no hay reguladores en transporte que vayan a determinar las causas”.
El presidente de la Cámara de Industria y Comercio (Cainco) de Santa Cruz, Eduardo Paz, anunció que, a pedido de Roca, el directorio escuchará el problema que atraviesa esta empresa y luego emitirá un pronunciamiento.
Para destacar
El conflicto entre AeroSur y el Estado surgió a partir de que BoA inició vuelos a Argentina.
AeroSur denunció competencia desleal de parte de BoA y acusó a esta empresa de obviar licitaciones para contratar servicios.
La DGAC suspendió dos aviones de AeroSur por fallas técnicas, los que a la fecha ya se encuentran en operación.
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