La Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) hizo un compromiso con la Brigada Parlamentaria y la Prefectura del Departamento de entregar este lunes el primer informe técnico jurídico, del estudio a diseño final del proyecto de construcción del aeropuerto internacional que será emplazado en el actual aeródromo Juan Mendoza Nernúldez.
A pocos días que se haga efectivo este informe y después de la reunión sostenida entre técnicos de Aasana y de la Prefectura, a inicios de semana, el senador Ricardo Ayllón informó que la documentación contendrá detalles respecto al dimensionamiento necesario para el emplazamiento del aeropuerto internacional.
Sin embargo, este proceso conlleva conflictos de asentamientos humanos, principalmente con el sector de los cooperativistas mineros, en el espacio que se prevé extender para que la pista pueda contar con más de 4.000 metros desde el umbral norte al sur, al margen de los espacios que tendrá el proyecto, como la terminal aérea, zona de embarque, pasarelas, estacionamientos, hangares, migración, aduana entre otros sectores.
“En las conclusiones que hemos tenido, se ha determinado que Aasana, como manda la ley, es la encargada de diseñar y construir aeropuertos, pueda enviar un informe técnico jurídico de la construcción del aeropuerto Juan Mendoza para saber exactamente cuánto de espacio o cuánto de extensión territorial se requiere para este proyecto”, declaró a LA PATRIA, Ricardo Ayllón, presidente de la Comisión de Autonomías y Límites de la Brigada Parlamentaria.
La prerrogativa de los asambleístas es iniciar junto al Estado Plurinacional, Prefectura y Alcaldía Municipal, negociaciones para su expropiación, si estos se encontrarían dentro del área de ampliación consignada para la construcción del futuro aeropuerto internacional.
“A partir de ese informe técnico, la Brigada y la Prefectura, hemos determinado convocar a los sectores sociales y particularmente a los cooperativistas mineros, para poder encontrar la solución a su derecho propietario, esto no quiere decir que se los va a dejar al margen o al abandono, si ellos demuestran con documentación su derecho propietario, entonces las autoridades están en la obligación de reubicar a estos compañeros, para que puedan tener su propia vivienda que en derecho les corresponde y así no perjudicar el proyecto”, mencionó.
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