os aeropuertos del eje troncal pase al Estado, surge el temor de que una gestión política antes que técnica deteriore la infraestructura y servicios, dijeron ayer el presidente de los empresarios de Cochabamba, Jaime Ponce, y el analista Julio Alvarado.
Los aeropuertos de El Alto, Cochabamba y Santa Cruz están bajo la administración de la empresa Servicios Aeroportuarios de Bolivia S.A. (Sabsa), filial de las españolas Aena y Abertis, cuyo plan de inversiones fue rechazado por el Gobierno que analiza si permanece o es nacionalizada.
Alvarado fundamentó su observación señalando que la experiencia de las nacionalizaciones en Bolivia es funesta, particularmente con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), que incrementó la importación de combustibles después de pasar a manos del Gobierno, y con las minas de Colquiri y Huanuni, que no son eficientes, a pesar de la bonanza de precios a nivel internacional, debido a la cantidad de militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) contratados por su filiación política en lugar de por su experiencia profesional.
“Si estas empresas pasan del sector privado a manos estatales con profesionales entendidos en su administración, es una buena medida; pero lamentablemente la experiencia nos ha demostrado, que el Gobierno de Morales las nacionaliza y las pone en manos de militantes y parientes de éstos, con resultados desastrosos”, sostuvo.
Respecto al criterio de que el Estado es mal administrador, Ponce dijo que basta revisar la historia de las empresas estatales para evidenciar que no garantizan eficiencia y productividad, sino más bien generan una burocracia ineficiente, como fue el caso de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y la Empresa Nacional de Fundiciones (ENAF), entre otras, después de la nacionalización de las minas.
Por otra parte, para Ponce, la probable nacionalización de Sabsa y la discusión pública con el Gobierno sobre la necesidad de una mayor inversión en los próximos nueve años del contrato de concesión, “representa una mala señal” para las inversiones extranjeras interesadas en Bolivia.
En su criterio, urge discutir y consensuar con el Gobierno los fundamentos básicos de la Ley de Inversiones para devolverles certidumbre a los inversionistas extranjeros, que actualmente se sienten amenazados en sus intereses por la política nacionalizadora del Gobierno.
“Los empresarios, por naturaleza, no somos partidarios de las nacionalizaciones o expropiaciones, sino más bien de generar una política de incentivos y de seguridad jurídica que atraiga y no espante las inversiones”, reiteró.
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