El viceministerio de Defensa del Usuario y del Consumidor dependiente del Ministerio de Justicia estudia un novedoso sistema para flexibilizar la titularidad de los pasajes aéreos. El objeto es facilitar que los billetes para el transporte aéreo sean transferibles a un tercero por simple endoso.
El director general de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Wilder Pérez, informó que la entidad pública evalúa este cambio. Por su parte el gerente de la aerolínea Amaszonas, Gabriel Condori, señaló a EL DIARIO que lo que se podría endosar, y es una práctica normal, es el crédito fiscal a un familiar, pero sostuvo que desconoce que en otros países se tenga la práctica de endosar el billete y que una tercera persona tome el vuelo.
“No conozco que ningún país aplique la transferencia de un boleto de avión por simple endoso”, dijo. Recientemente Amaszonas realizó en La Paz un seminario con los operadores de las agencias de viaje para mejorar los procesos sobre el problema de las reservas. Durante el pasado año las compañías aéreas transportaron alrededor de 2 millones de pasajeros en los vuelos nacionales en el país.
DENUNCIAS
De acuerdo a la información brindada por Pérez, durante la pasada gestión 1.300 usuarios de diversos servicios del país presentaron sus denuncias ante esa instancia estatal entre ellas contra aerolíneas y agencias de viaje. Pérez señaló que en ese mismo período el viceministerio pudo realizar más de 323 verificaciones a objeto de probar la veracidad de las quejas de diversa índole y establecer los indicios de responsabilidad.
“En muchos casos, el viceministerio ha remitido las denuncias contra las compañías aéreas a conocimiento de la Autoridad de Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte (ATT) para su consideración”, sostuvo. Los mayores reclamos se refieren a la venta de equipos de televisión, supermercados, bancos, agencias de viaje, alimentos (venta de leche de subsidio) intoxicaciones, telecomunicaciones, entre otros.
La exviceministra, Elizabeth Gutiérrez, sostuvo que la mayor frecuencia de quejas del público sobre la calidad del servicio que prestan las empresas es una señal muy importante del mercado porque permite a los usuarios contar con un mecanismo institucional para resolver controversias.
EL CONSUMIDOR
Gutiérrez manifestó también que la Ley General de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor No. 453 establece los derechos, garantías y las competencias institucionales. Precisó que los municipios serán las instancias responsables de la aplicación de la ley porque asumirán dicha función como brazos operativos de la moderna normativa a la que calificó de “avanzada y ambiciosa” porque fue formulada por especialistas bolivianos, quienes utilizaron experiencias de otros países y herramientas como la legislación comparada.
APLICACIÓN
La exviceministra dijo que para la plena aplicación de la norma se encuentra en etapa de redacción el reglamento, pero advirtió que serán necesarios mayores recursos de manera que sea el Estado el principal impulsor de la preservación de los derechos que establece la Constitución
Sostuvo que de acuerdo al artículo 302 numeral 37 de la Carta Magna, los municipios deben garantizar la aplicación de los derechos en favor de los usuarios y consumidores. Dijo que esa competencia también alcanza a las gobernaciones. Indicó que en el contexto internacional, Bolivia fue uno de los últimos países en contar con la ley.
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