SABSA sostiene un arbitraje por congelamiento de tarifas

La empresa Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (SABSA), filial de la española Abertis Infraestructuras SA, mantiene activo un proceso de arbitraje contra Bolivia porque afectó sus inversiones con una serie de medidas, entre ellas la rebaja y posterior congelamiento de tarifas.
La demanda, que fue notificada al Gobierno boliviano el 5 de mayo de 2011, cursa en la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI).
“La demanda arbitral está en curso, no puedo hacer ningún comentario al respecto”, se limitó a informar el gerente general de SABSA, Anthony Alicastro.
Según el documento, Bolivia “adoptó numerosas medidas que individual y colectivamente afectan las inversiones de Abertis y violan los derechos que a su favor consagra el acuerdo”. La empresa española hace mención a seis puntos, entre ellos el presunto incumplimiento al Régimen Aplicable de Tarifas por servicios de embarque y aterrizaje.
Se menciona que las tarifas debían ser actualizadas cada dos años, a base de una fórmula que consideraba la inflación y un “factor de eficiencia”. Bajo ese criterio, señala, SABSA y la ex Superintendencia de Transportes acordaron actualizar tasas en septiembre de 2001, pero las rebajaron en 2003 .
Alicastro explicó ayer que las tarifas están congeladas desde 2001, lo que impidió que la empresa realizara mayores inversiones en los aeropuertos de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba, pues no se generaron los fondos necesarios para la inversión, aunque, pese a ello, se financiaron proyectos por cerca de 234,3 millones de bolivianos.
“El congelamiento de tarifas no nos ha permitido realizar mayores inversiones. Ésa es la gran traba”, recalcó.
El ministro de Obras Públicas, Vladimir Sánchez, reclamó la semana pasada que SABSA haya incumplido las inversiones en los aeropuertos de las ciudades del eje del país.
Alicastro reiteró que son de conocimiento del Ejecutivo las limitaciones de la empresa aeroportuaria y por eso se propuso al Gobierno ajustar los importes, con lo cual se garantizaría una inversión de 36 millones de dólares en los nueve años que restan del contrato.