Alcantarí, otra decepción para Chuquisaca

Después del excesivo e incomprensible retraso en la ejecución de la terminal aérea de Alcantarí, la sorpresa de enterarnos de que no cumplía con los requisitos de un aeropuerto internacional, las inaceptables deficiencias constructivas que además de perjuicios económicos ocasionaron pérdidas de vidas humanas, la carencia de equipamiento de aeronavegación y de básica seguridad que pone en riesgo las operaciones, la dejadez e irresponsabilidad de las autoridades involucradas y otras muchas deficiencias, ahora surge la noticia de que la carretera costará $us 94 millones, mucho más de lo que se necesitó para el propio aeropuerto: $us 59 millones.

Esa situación es inimaginable en cualquier lugar del planeta, pues metafóricamente equivaldría a aceptar que la vía de acceso a una casa llegue a costar más que la casa misma. Si fuera así el tema, lo lógico y racional sería decidir construir la casa en otro lugar, donde cueste menos disponer de una vía de acceso.

La ciencia de la planificación, que posibilita seleccionar el mejor curso alternativo de acción para alcanzar un objetivo determinado, comprende la consideración de los proyectos como elementos de concreción de los planes, y estos implican la realización de una serie de estudios técnicos (mercado, localización, dimensionamiento e ingeniería) que permiten presupuestar los recursos necesarios para su ejecución (inversiones), la forma de obtenerlos (financiamiento) y la comparación de los futuros resultados de operación (ingresos y costos), con el objeto de evaluar la conveniencia o no (factibilidad financiera, económica y/o social) de llevar a cabo un proyecto.

Pareciera que el aeropuerto de Alcantarí no dispuso de los estudios necesarios para estructurar un proyecto y, lo que es peor, que tampoco fue objeto de por lo menos una adecuada planificación. No otra cosa significa que posteriormente a la entrega oficial de la obra se comiencen a detectar fallas estructurales, errores técnicos inaceptables y descuidos que llevan a olvidos inconcebibles, que gravitan decisivamente en la relación beneficio/costo del proyecto ya implementado.

La verdadera dimensión del problema, amén de quién o quiénes tuvieron la culpa, radica en el hecho de que un país no debe ni puede despilfarrar de esta manera los escasos recursos que coyunturalmente dispone. En nuestro caso, el Estado (sociedad política y jurídicamente organizada) percibe recursos financieros de dos fuentes principales: el pago de tributos (impuestos, tasas y otros gravámenes) y la venta de recursos naturales no renovables (hidrocarburos y minerales). Si bien la primera fuente registra relativas variaciones a favor, no nos olvidemos de que las necesidades de la población también suponen tendencias incrementales. En el segundo caso, los ingresos provenientes de la venta de los recursos no renovables no dependen solo de los precios internacionales, sino esencialmente de su paulatino grado de agotamiento.

Pero además, tampoco se puede afirmar y tratar de justificar que, como en este y otros pocos casos, los proyectos fueron financiados con recursos provenientes del Gobierno central y no de las regiones. Dado que el Estado es unitario, no interesa si los recursos corresponden a los municipios, las gobernaciones o al Tesoro General de la Nación, pues todos estos componen los caudales con que cuenta Bolivia para hacer frente a las múltiples necesidades de todos los bolivianos.

Para concluir, aunque resulte extemporáneo e ingenuo, por lo menos con el afán de evitar errores a futuro, es necesario preguntar: ¿Será que no existían otros lugares alternativos para localizar el nuevo aeropuerto? Si simplemente utilizamos el Google Earth para revisar geográficamente las cercanías a Sucre, seguro que podemos encontrar otras alternativas, que incluso cuentan con mejores características que las de Alcantarí. Esas respuestas seguramente nunca las conoceremos por los motivos expuestos.