Nuevos informes implican más al militar buscado en el caso LaMia

Un nuevo informe de los investigadores policiales que indagan las responsabilidades que hay en las instancias nacionales sobre la caída del avión de LaMia, hecho ocurrido el 28 de noviembre de 2016 cuando intentaba aterrizar en Colombia y que se cobró la vida de 71 personas, ratifica que el militar que estaba como director de la Dirección General de Aeronaútica Civil (DGAC) cuando sucedió la tragedia emitió de forma irregular y fuera de todo contexto normativo una licencia de exploración aérea a la empresa aérea.

Las revelaciones que EL DEBER conoció por fuentes cercanas al proceso se conocen luego que se hizo público que el seguro de la aerolínea tenía como cláusula de exclusión territorial realizar operaciones aéreas en Colombia y otros países más.

El militar cuestionado, un general en servicio pasivo de la Fuerza Aérea de Bolivia (FAB), es Virgilio Édgar Pereyra Quiroga, que fue responsable de la DGAC hasta finales de 2016.

El informe respalda y se sustenta en una resolución emitida por la comisión de fiscales integrada por Iván Ortiz, Mirtha Mejía y Osvaldo Tejerina. El documento es parte del voluminoso expediente que ahora es manejado por la Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz.

En sus partes fundamentales, la comisión de fiscales establece que las investigaciones hacen evidente que la línea aérea LaMia habría conseguido de forma irregular y fuera de todo contexto normativo una licencia de exploración aérea de transporte de carga de pasajeros a escala nacional e internacional, y que la entidad autorizada para dicho fin es la Dirección General de Aeronáutica Civil a través de su máxima autoridad ejecutiva.

Asimismo los fiscales concluyen que al momento de la otorgación de la licencia, la máxima autoridad era Pereyra y detallan que él sería quien otorgó la licencia de exploración aérea en el marco de sus facultades y sin observación de los requisitos establecidos por ley.

Debido a estas conclusiones, los fiscales solicitaron una orden de aprehensión contra Pereyra, a principios de enero de este año, disposición que sigue vigente y que provocó que los agentes realicen operativos de búsqueda en la sede de Gobierno. Los agentes se movilizaron por todo el país, pero según informes remitidos a la Fiscalía de Santa Cruz, aún no ha podido darse con su paradero.

Los informes y las hojas de ruta de la Policía señalan que incluso se allanó la casa del militar en La Paz y se adjuntan en el cuadernillo fotografías del inmueble. Uno de los informes a la comisión fiscal señala que Virgilio Pereyra no fue encontrado “pese a extremar recursos necesarios por los servicios policiales de la Felcc y del grupo táctico DACI”. Tras estas actuaciones, los fiscales que emitieron la orden de apremio contra el general Pereyra, de manera repentina fueron separados de las pesquisas. El fiscal Osvaldo Tejerina fue destituido por la Fiscalía General del Estado, Iván Ortiz cambiado a la comisaría de Los Tusequis y Mirtha Mejía fue enviada al municipio de La Guardia.

El caso ahora está en manos de los fiscales anticorrupción Olvis Égüez, Fanny Alfaro y Mabel Andrade, aunque se conoció que una de las autoridades judiciales fue separada y enviada a otra unidad policial.
Ante todo esto, el Ministerio Público no ha emitido versión alguna en torno a las investigaciones que se desarrollan.
Contrario a los informes policiales que no dan razón del paradero de Pereyra, EL DEBER supo de fuentes castrenses que Pereyra se presentó dos veces en Santa Cruz, pero no declaró y tampoco fue detenido.

La DGAC en un comunicado aclaró ayer que la póliza de seguro presentada por LaMia emitida por Bisa Seguros y Reaseguros S.A. tenía una vigencia de 365 días, los mismos que se computaban desde el 10 de abril de 2016 hasta el 10 de abril de este año. Sobre la exclusión territorial no dicen nada.

Investigación reservada

Peritaje al teléfono de la contadora de LaMia
1.- La Fiscalía secuestró el teléfono de la contadora de LaMia, Miriam Flores. Fue enviado para la realización de un peritaje al Instituto de Investigaciones Técnicas Científica de la Universidad Policial (IITCUP) de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc).

2.- El peritaje ya fue realizado y se conoció que existen más de 200 páginas de textos, además de audios de conversaciones entre Miriam Flores y el venezolano Ricardo Albacete, dueño de los aviones de LaMia, y su hija Loredana Albacete.

3.- El contenido de los audios y de los textos fue derivado de la Felcc a la Fiscalía central para su análisis. Sin embargo, nada se conoce porque se supo que los fiscales recibieron una orden de la Fiscalía General de mantener en reserva todo. El contenido del peritaje es revelador.