En Potosí existen dos sectores con probabilidad para emplazar el aeropuerto internacional que demanda la población. Por un lado está la ampliación del aeropuerto Capitán Rojas, distante aproximadamente a 6 km de la ciudad de Potosí, y por otro el sector de Pampas de Lequesana. Ambos atraviesan por problemas de factibilidad, el primero por el fuerte viento que lo rodea y el segundo que requiere una coordinación entre autoridades y agricultores.
Por ejemplo, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, aseveró que es posible la realización del proyecto en la zona de Pampas de Lequesana, cerca de Betanzos, aunque ello requiere de un trabajo de coordinación entre agricultores y el Gobierno.Por ejemplo, el presidente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Jhonny Llally, aseveró que es posible la realización del proyecto en la zona de Pampas de Lequesana, cerca de Betanzos, aunque ello requiere de un trabajo de coordinación entre agricultores y el Gobierno.
“Sus técnicos no han informado bien (al señor presidente) y se puede hacer hasta cinco aeropuertos, basta con coordinar con los propietarios de cultivos de la zona, los estudios se han hecho”, señaló la autoridad cívica a la red Aclo Potosí.
Otro pedido es ampliar el aeropuerto Capitán Rojas, pero la dirección del viento podría ocasionar conflictos en los vuelos, según dijo en días pasados el presidente Evo Morales, quien precisó que el proyecto de emplazamiento de un aeropuerto internacional tropieza con dificultades técnicas para su concreción.
“La dirección del viento no acompaña (…) si ese es el pedido del pueblo potosino no tenemos problema, aunque hay que voltear casi todo el cerro de Pati Pati y es mucha plata, pero que no echen la culpa al gobierno nacional si hay un problema en el futuro con el viento (…) levantar vuelo en dirección del este al oeste es peligroso”, manifestó el mandatario.
CERRO RICO
Sobre la explotación del Cerro Rico, Morales dijo que es un tema interno potosino y explicó que hay cooperativistas que no pueden abandonar la explotación en el cerro. A ello se suma que tampoco se puede imponer la fuerza militar para desalojarlos.
Ante esta declaración, el dirigente cívico respondió que si bien el Cerro Rico está en el departamento de Potosí, quien da contratos a los cooperativistas y empresas trasnacionales es el Gobierno a través de la Corporación Minera de Bolivia y el Ministerio de Minería.
“Potosí no da contratos, quien debe hacer cumplir la Constitución y hacerla respetar es el Gobierno nacional a través de la Procuraduría General quien debe cuidar el patrimonio, áreas históricas, riqueza del Estado, quien dañe estas riquezas debe tener una privacidad de uno a seis años de acuerdo al Código Penal”, manifestó Llally.
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