El Juzgado Primero de Partido en Materia Civil y Comercial de Santa Cruz ordenó el 25 de mayo el embargo y el remate del avión Let de propiedad de AeroSur que fue entregado como garantía de pago al Bancosur S.A. en liquidación, por una deuda de más de dos millones de dólares. Entretanto, el presidente de la empresa aérea, Humberto Roca, expresó ayer su temor de que el Estado pretenda acabar con la empresa aeronáutica privada.
La información sobre el fallo judicial fue difundida por el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, dependiente del Ministerio de Justicia, a través de un comunicado.
Según el documento, la Compañía Boliviana de Transporte Aéreo Privado AeroSur S.A., representada por Humberto Roca Leigue, se comprometió a pagar en el plazo de cinco años una deuda de 2.361.151 dólares, para lo que dio como garantía prendaria un avión Let, de propiedad de Servicio Aéreo Ejecutivo SAE, modelo L-410 UVPE-20B. Empero, incumplió ese pago, por lo que el Bancosur S.A. le interpuso una demanda ejecutiva que salió a su favor.
Al respecto, Roca cuestionó ayer, según El Deber, las acciones del Gobierno y dijo que el Ministerio de Justicia funge como cajero o notificador. “Ésta es una clara muestra de cómo la ilegalidad y la falta de transparencia buscan dañar la imagen de una compañía. Lo correcto era que primero nos notifiquen, pero no lo hicieron”.
El empresario subrayó que esa deuda es de 1993 y explicó que hay constancia contable de que hubo ese préstamo, pero no existe un documento que acredite que este dinero fue usado en AeroSur. “Eso se tiene que investigar y, si se comprueba que hay este documento, se tendrá que saldar este préstamo con el remate de ese avión que no es de AeroSur”.
En declaraciones recogidas por el diario El Mundo, el empresario aeronáutico aseguró que, tras la nacionalización de las mayores empresas de manos de multinacionales, el Gobierno de Evo Morales apunta ahora a “eliminar a la empresa aérea privada” que hace competencia a compañías estatales recién creadas. “No encuentro otra razón para tanta presión desde el Gobierno”.
“Como el Gobierno no puede nacionalizar a empresas bolivianas, busca ahogarlas económicamente y provocar su quiebra para mostrar que el empresario no cuida bien la economía”.
Roca se refería a los procesos judiciales que le fueron iniciados desde distintos frentes. El más reciente se refiere a una demanda de la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, a Roca por desacato, debido a que el empresario no pudo probar la acusación lanzada el 14 de mayo en contra de los ministros de Estado, a quienes llamó “ladrones”. La Ministra también anunció que indagará de oficio un supuesto enriquecimiento ilícito del empresario en el marco de la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Dicho proceso se sumó a tres acciones anteriores del Ejecutivo en contra de esa aerolínea.
El 18 de mayo, a Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) suspendió dos aviones de AeroSur porque presentaron 30 incidentes de desperfectos técnicos que “pusieron en peligro la vida de los usuarios”. Luego del mantenimiento respectivo, ambas naves volvieron a operar.
El lunes 31 de mayo, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) afirmó que la empresa aérea tiene cinco procesos pendientes de fiscalización y no declaró impuestos por 312 millones de bolivianos entre 2000 y 2005. Además, la entidad recaudadora aseguró que dicha compañía no presentó los estados financieros desde 2006 hasta 2008, por lo cual anunció más investigaciones.
La Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas (Aemp) inició una pesquisa de los estados financieros de la compañía y recurrió a la Fiscalía para obligar al empresario a entregar la documentación requerida. Dicho proceso de verificación comenzará mañana.
La pugna entre el Gobierno y AeroSur se agudizó en marzo de este año cuando la empresa Boliviana de Aviación (BoA) inició sus operaciones hacia Argentina con una tarifa menor que la de la aereolínea privada, lo cual fue descalificado por ésta por ser “una competencia desleal”.
A ello se sumaron declaraciones del vicepresidente Álvaro García, quien dijo, hace dos semanas, que el Gobierno apoya a los empresarios privados siempre que “paguen impuestos, protejan a sus trabajadores, ofrezcan buen servicio y seguridad. En el momento en que tenga vínculos extremos con bancos quebrados o prófugos acusados de separatismo, la cosa se complica”.
Al respecto, Roca dijo que no es el caso de AeroSur, aunque admitió que su empresa tiene controversias tributarias con el Estado que están en proceso de conciliación por un equivalente a 44 millones de dólares, pero a la vez asegura que el Estado adeuda a su empresa 117 millones de dólares.
La disputa subió a raíz de anuncios publicitarios de la aereolínea privada que reproduce declaraciones en las que García Linera señala que “ninguna empresa puede competir con el Estado”. En esos avisos, Roca pide reglas claras.
La batalla entre el Gobierno y AeroSur data de hace dos años, cuando el Ejecutivo creó Boa, una aerolínea estatal en un mercado pequeño estimado en unos dos millones de pasajeros al año. En 2009, esa compañía inició una demanda por competencia desleal porque BoA ofertó dos pasajes al precio de uno para ganar clientes. Según la aerolínea, esos precios estaban por debajo del costo de operaciones y eran absorbidos por el Estado, que invirtió 15 millones de dólares y liberó a la compañía del pago de tributos aduaneros.
Los detalles
El Gobierno ataca desde diferentes frentes a la empresa aérea con procesos de fiscalización e investigaciones.
El Ministerio de Transparencia le inició una demanda por desacato por llamar “ladrones” a los ministros
El Ejecutivo también abrirá una investigación respecto de un presunto enriquecimiento ilícito.
En mayo pasado, la DGAC suspendió a dos aviones de AeroSur porque presentaron 30 incidentes de desperfectos técnicos.
Mañana, la Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas comenzará la fiscalización a sus estados financieros.
La pugna entre AeroSur y el Gobierno comenzó hace dos años, cuando fue creada la empresa Boliviana de Aviación (BoA).
La información sobre el fallo judicial fue difundida por el Viceministerio de Justicia y Derechos Fundamentales, dependiente del Ministerio de Justicia, a través de un comunicado.
Según el documento, la Compañía Boliviana de Transporte Aéreo Privado AeroSur S.A., representada por Humberto Roca Leigue, se comprometió a pagar en el plazo de cinco años una deuda de 2.361.151 dólares, para lo que dio como garantía prendaria un avión Let, de propiedad de Servicio Aéreo Ejecutivo SAE, modelo L-410 UVPE-20B. Empero, incumplió ese pago, por lo que el Bancosur S.A. le interpuso una demanda ejecutiva que salió a su favor.
Al respecto, Roca cuestionó ayer, según El Deber, las acciones del Gobierno y dijo que el Ministerio de Justicia funge como cajero o notificador. “Ésta es una clara muestra de cómo la ilegalidad y la falta de transparencia buscan dañar la imagen de una compañía. Lo correcto era que primero nos notifiquen, pero no lo hicieron”.
El empresario subrayó que esa deuda es de 1993 y explicó que hay constancia contable de que hubo ese préstamo, pero no existe un documento que acredite que este dinero fue usado en AeroSur. “Eso se tiene que investigar y, si se comprueba que hay este documento, se tendrá que saldar este préstamo con el remate de ese avión que no es de AeroSur”.
En declaraciones recogidas por el diario El Mundo, el empresario aeronáutico aseguró que, tras la nacionalización de las mayores empresas de manos de multinacionales, el Gobierno de Evo Morales apunta ahora a “eliminar a la empresa aérea privada” que hace competencia a compañías estatales recién creadas. “No encuentro otra razón para tanta presión desde el Gobierno”.
“Como el Gobierno no puede nacionalizar a empresas bolivianas, busca ahogarlas económicamente y provocar su quiebra para mostrar que el empresario no cuida bien la economía”.
Roca se refería a los procesos judiciales que le fueron iniciados desde distintos frentes. El más reciente se refiere a una demanda de la ministra de Transparencia, Nardi Suxo, a Roca por desacato, debido a que el empresario no pudo probar la acusación lanzada el 14 de mayo en contra de los ministros de Estado, a quienes llamó “ladrones”. La Ministra también anunció que indagará de oficio un supuesto enriquecimiento ilícito del empresario en el marco de la Ley Anticorrupción Marcelo Quiroga Santa Cruz.
Dicho proceso se sumó a tres acciones anteriores del Ejecutivo en contra de esa aerolínea.
El 18 de mayo, a Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) suspendió dos aviones de AeroSur porque presentaron 30 incidentes de desperfectos técnicos que “pusieron en peligro la vida de los usuarios”. Luego del mantenimiento respectivo, ambas naves volvieron a operar.
El lunes 31 de mayo, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) afirmó que la empresa aérea tiene cinco procesos pendientes de fiscalización y no declaró impuestos por 312 millones de bolivianos entre 2000 y 2005. Además, la entidad recaudadora aseguró que dicha compañía no presentó los estados financieros desde 2006 hasta 2008, por lo cual anunció más investigaciones.
La Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas (Aemp) inició una pesquisa de los estados financieros de la compañía y recurrió a la Fiscalía para obligar al empresario a entregar la documentación requerida. Dicho proceso de verificación comenzará mañana.
La pugna entre el Gobierno y AeroSur se agudizó en marzo de este año cuando la empresa Boliviana de Aviación (BoA) inició sus operaciones hacia Argentina con una tarifa menor que la de la aereolínea privada, lo cual fue descalificado por ésta por ser “una competencia desleal”.
A ello se sumaron declaraciones del vicepresidente Álvaro García, quien dijo, hace dos semanas, que el Gobierno apoya a los empresarios privados siempre que “paguen impuestos, protejan a sus trabajadores, ofrezcan buen servicio y seguridad. En el momento en que tenga vínculos extremos con bancos quebrados o prófugos acusados de separatismo, la cosa se complica”.
Al respecto, Roca dijo que no es el caso de AeroSur, aunque admitió que su empresa tiene controversias tributarias con el Estado que están en proceso de conciliación por un equivalente a 44 millones de dólares, pero a la vez asegura que el Estado adeuda a su empresa 117 millones de dólares.
La disputa subió a raíz de anuncios publicitarios de la aereolínea privada que reproduce declaraciones en las que García Linera señala que “ninguna empresa puede competir con el Estado”. En esos avisos, Roca pide reglas claras.
La batalla entre el Gobierno y AeroSur data de hace dos años, cuando el Ejecutivo creó Boa, una aerolínea estatal en un mercado pequeño estimado en unos dos millones de pasajeros al año. En 2009, esa compañía inició una demanda por competencia desleal porque BoA ofertó dos pasajes al precio de uno para ganar clientes. Según la aerolínea, esos precios estaban por debajo del costo de operaciones y eran absorbidos por el Estado, que invirtió 15 millones de dólares y liberó a la compañía del pago de tributos aduaneros.
Los detalles
El Gobierno ataca desde diferentes frentes a la empresa aérea con procesos de fiscalización e investigaciones.
El Ministerio de Transparencia le inició una demanda por desacato por llamar “ladrones” a los ministros
El Ejecutivo también abrirá una investigación respecto de un presunto enriquecimiento ilícito.
En mayo pasado, la DGAC suspendió a dos aviones de AeroSur porque presentaron 30 incidentes de desperfectos técnicos.
Mañana, la Autoridad de Fiscalización y Control de Empresas comenzará la fiscalización a sus estados financieros.
La pugna entre AeroSur y el Gobierno comenzó hace dos años, cuando fue creada la empresa Boliviana de Aviación (BoA).
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