El defensor del Pueblo, José Luis Hidalgo, destacó la capacitación a tres unidades de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) de la Primera Brigada Aérea en tres ciclos, para el fortalecimiento de capacidades en derechos humanos, con el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres, la trata y tráfico de personas.
En la capacitación participaron 108 efectivos militares entre oficiales, suboficiales y sargentos.
El plan de prevención aplicado en nueve días contempló temáticas como los Derechos Humanos en la Constitución Política del Estado, Ley 348 ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, Ley 045 Contra el Racismo y toda forma de Discriminación, Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas, Ley 004 Marcelo Quiroga Santa Cruz, que son de conocimiento obligatorio para funcionarios públicos quienes deberán ejecutar dichas normas al interior de las unidades militares y sobre todo en sus tareas de servicio social.
TEMÁTICA ABORDADA
Hidalgo explicó que uno de los principales temas abordados son los derechos humanos definidos por la Constitución Política del Estado, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y de los Pueblos Indígenas Originarios Campesinos, además de la transversalidad de género.
En el tema de violencia contra la mujer se abordaron contenidos de la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida Libre de Violencia Nº 348, “Es importante que los militares conozcan el contenido de la ley y cuáles son las consecuencias de una agresión contra la mujer. El objetivo es sensibilizar a los efectivos para que de alguna manera vaya disminuyendo las denuncias de violencia familiar y que a su vez ellos instruyan de diferente forma a sus soldados e hijos para erradicar la violencia y el maltrato a las mujeres”, indicó.
En los talleres los participantes reflexionaron sobre los roles que la sociedad es impuesto tanto al hombre como a mujeres, conforme a los modelos del patriarcado que generan discriminación y que en alguno de los casos logran ser reforzados en la familia, la escuela, la educación superior y/o en la fuente laboral, las cuales son aprendidas de generación en generación; este hecho permite modificar la idea preconcebida por cada miembro de la sociedad, sobre todo si se quiere evitar discriminación y violencia contra las mujeres, añadió la autoridad.
También se abordó en cómo la Ley 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, obliga a modificar los reglamentos internos de todas las instituciones a la norma nacional y CPE; además exige a las instituciones públicas y privadas a trabajar en el tema de prevención, porque se entiende que en el país aún existen actos discriminatorios y racistas, y es una realidad general que no escapa de la institución militar que brinda instrucción militar a soldados y pre militares, por ello tienen la obligación de conocer la norma y evitar actos racistas y discriminatorios.
En la anterior gestión una de las constantes denuncias realizadas por el personal subalterno estaba referida a denunciar casos de discriminación, aspecto que impulsó a demandar la modificación de su propia norma como es la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Ley (LOFA), propuesta y que a la fecha no se dio a conocer de manera oficial.
En la norma de la Ley de Trata y Tráfico de Personas Ley 263, los efectivos militares tienen la obligación de coadyuvar en la fase de prevención ante la actividad que cumplen en diferentes áreas urbanas y rurales sobre todo fronterizas, donde tienen plena autorización para controlar y velar la seguridad de los grupos más vulnerables de esas poblaciones, como son los niños, niñas y adolescentes, sobre todo del género femenino.
Mientras que la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, la misma está destinada a que todo servidor público deba conocer sobre la responsabilidad que implica ejercer el cargo, que no solo está dirigido a altas esferas sino a todos los servidores, para un buen manejo de herramientas e insumos que son entregados a los funcionarios públicos para su trabajo, a efectos de evitar futuras responsabilidades penales y civiles por el ejercicio del cargo, concluyó la autoridad.
Con este proceso el Defensor del Pueblo espera que estas instancias cumplan debidamente las normas en beneficio de la sociedad.
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