La Superintendencia de Transportes informó que si el LAB quiere obtener la autorización de la licencia comercial para iniciar operaciones regulares, debe garantiza una sostenibilidad financiera como requisito para lograrlo y demostrar que cuenta con un respaldo mínimo de 7 millones de dólares, apunta la entidad en su boletín informativo de marzo de 2008.
La exigencia es "para que los usuarios de este servicio obtengan seguridad y no tengan problemas cuando la aerolínea reanude vuelos", señala la reguladora.
Agrega que, en ese sentido, y para tener mayores elementos de convicción, la Superintendencia dispuso la realización de una inspección administrativa a instalaciones de la aerolínea en Cochabamba para este 1 de abril.
Actualmente el Lloyd Aéreo Boliviano (LAB) se encuentra fuera de operaciones después de que volvió a volar el 23 de diciembre de 2007 con un vuelo chárter entre las ciudades de Santa Cruz y Cochabamba, luego de ocho meses de inactividad.
Ese tipo de operaciones no reguladas fueron realizadas hasta el incidente del 1 de febrero de 2008 en Trinidad. Días antes, la Superintendencia había prohibido ese tipo de vuelos por no contar con una normativa clara al respecto, según la entidad.
Informes
Justamente sobre ese tema, la reguladora aguarda los informes finales de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) sobre los incidentes protagonizados por aeronaves tanto del LAB como de AeroSur "para tomar definiciones sobre procesos de investigación en cuanto a competencia normativa", señala el boletín informativo.
La Superintendencia de Transportes indica que de acuerdo a informaciones de la DGAC, se esperan los informes recabados por los peritos sobre el incidente sufrido por la nave del LAB en la ruta Cobija-Trinidad el pasado 1 de febrero, cuando tuvo un aterrizaje forzoso con 157 pasajeros.
Añade que en el caso de AeroSur, los peritos tratan sobre el percance ocurrido a un avión de esta aerolínea en el aeropuerto de El Alto, cuando resbaló en la pista de aterrizaje y se deslizó 50 metros fuera de ella.
"A partir de los resultados de la investigación, la DGAC divulgará un informe general y dependiendo de los datos recabados, emitirá las sanciones correspondientes si es que el caso amerita. Lo mismo ocurrirá con la entidad reguladora", señala la Superintendencia.
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