La brigada parlamentaria de Podemos Cochabamba, vía presidencia de la Cámara de Diputados, solicitó que la Contraloría General de la República realice una auditoria especial a los suelos cancelados en la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) desde el 25 de junio pasado, debido a que los elevados montos que perciben sus empleados vulnera la Ley Financial de la gestión 2008 y el Decreto Supremo de Austeridad 28609 del 26 de enero de 2006.
La Ley Financial determina que los máximos ejecutivos de las empresas autárquicas, mixtas, descentralizadas, desconcentradas no podrán percibir una remuneración mayor al de un director general que es 13.500 bolivianos; mientras que el Decreto Supremo de Austeridad 28609 establece que ningún funcionario público ganará salario mayor que los 15 bolivianos que percibe el Presidente de la República, sostuvo Edwin Jiménez, Diputado de Podemos.
Refirió que mediante Decreto Supremo 29614 del 25 de junio pasado, el gerente de operaciones de la BoA percibe un salario de 22 mil bolivianos; pilotos 20 mil bolivianos; jefes de instrucción 20 mil bolivianos y pilotos de aeronaves 19 mil bolivianos, es decir se benefician con niveles salariales superiores al del Presidente de la República.
En su criterio, "el D.S. de Austeridad pasa a ser un slogan, porque el propio Presidente Morales, mediante el D.S. 29614, fija niveles salariales muy superiores a su salario para autoridades de la naciente empresa estatal de aviación".
Los asesores del presidente de la República, según el Diputado Jiménez fundamentan la escala salarial vigente en la BoA en la Ley 1759 del 26 de febrero de 1997, "que les permitiría fijar niveles salariales, cuando la misma en ninguno de sus artículos se refiere a la fijación de niveles salariales, solo hace referencia a adhesiones del Estado Boliviano a convenios internacionales sobre aeronáutica".
"La Ley 1759 es totalmente diferente al objetivo del Decreto Supremo de creación del BoA. Lamentablemente los ministros, que son los que preparan decretos, cometieron el error y le hicieron firmar al presidente cualquier cosa", afirmó.
El Diputado Jiménez señaló que la Contraloría de la República, mediante auditoria especial a la BoA, debe establecer responsabilidades por la vulneración de las normas vigentes y dictaminar las sanciones que correspondan por daño económico, responsabilidad civil o malversación de fondos.
La Ley Financial determina que los máximos ejecutivos de las empresas autárquicas, mixtas, descentralizadas, desconcentradas no podrán percibir una remuneración mayor al de un director general que es 13.500 bolivianos; mientras que el Decreto Supremo de Austeridad 28609 establece que ningún funcionario público ganará salario mayor que los 15 bolivianos que percibe el Presidente de la República, sostuvo Edwin Jiménez, Diputado de Podemos.
Refirió que mediante Decreto Supremo 29614 del 25 de junio pasado, el gerente de operaciones de la BoA percibe un salario de 22 mil bolivianos; pilotos 20 mil bolivianos; jefes de instrucción 20 mil bolivianos y pilotos de aeronaves 19 mil bolivianos, es decir se benefician con niveles salariales superiores al del Presidente de la República.
En su criterio, "el D.S. de Austeridad pasa a ser un slogan, porque el propio Presidente Morales, mediante el D.S. 29614, fija niveles salariales muy superiores a su salario para autoridades de la naciente empresa estatal de aviación".
Los asesores del presidente de la República, según el Diputado Jiménez fundamentan la escala salarial vigente en la BoA en la Ley 1759 del 26 de febrero de 1997, "que les permitiría fijar niveles salariales, cuando la misma en ninguno de sus artículos se refiere a la fijación de niveles salariales, solo hace referencia a adhesiones del Estado Boliviano a convenios internacionales sobre aeronáutica".
"La Ley 1759 es totalmente diferente al objetivo del Decreto Supremo de creación del BoA. Lamentablemente los ministros, que son los que preparan decretos, cometieron el error y le hicieron firmar al presidente cualquier cosa", afirmó.
El Diputado Jiménez señaló que la Contraloría de la República, mediante auditoria especial a la BoA, debe establecer responsabilidades por la vulneración de las normas vigentes y dictaminar las sanciones que correspondan por daño económico, responsabilidad civil o malversación de fondos.
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