Amplían plazo para convertir al TAM en empresa comercial

El Gobierno aprobó un nuevo plazo para que Transporte Aéreo Militar (TAM) empiece a operar como una empresa comercial en seis meses, informó el jueves su gerente general, Julio César Villarroel.

"Para concluir con el proceso de certificación y constitución de la Empresa Pública de Transportes Aéreos Militares, el 28 de junio se promulgó el último Decreto Supremo 3235, TAM tiene seis meses más para continuar realizando sus operaciones de manera normal utilizando aeronaves del Estado hasta el 31 de diciembre ", dijo.

El 1 de febrero de este año, el Gobierno aprobó el Decreto Supremo 3074 que amplió por 150 días el plazo para consolidar la transformación de TAM como firma comercial, tras cumplirse 45 días calendario previsto en el primer decreto.

En una conferencia de prensa, Villarroel consideró que el nuevo plazo es suficiente para concluir la certificación y constitución de la empresa pública con al menos tres aeronaves que estarán bajo la regulación de la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Con ese objetivo, Villarroel informó que TAM adquirió una aeronave con la inversión de 8 millones de dólares.

"Sin la nueva aeronave no se podría calificar ante requisitos que exige la Dirección General de Aeronáutica Civil", apuntó.

Villarroel aseguró que TAM dio pasos significativos para adecuarse a las normas de aeronáutica civil, entre esos, la conformación de un directorio a la cabeza del Ministro de Defensa y la aprobación de reglamentos disciplinarios y la contratación de bienes y servicios.

TAM- EP en proceso de certificación y adecuación a normativa técnica

La Empresa Pública Transporte Aéreo Militar (TAM-EP) continuará operando en vuelos nacionales con total normalidad, a partir del cumplimiento del proceso de constitución de la Empresa Pública. Con la incorporación de la nueva Aeronave BAE AVRO RJ 70, TAM-EP proseguirá la certificación ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), adecuándose a la normativa de la regulación aeronáutica civil.

En conferencia de prensa, el gerente general de TAM- EP, Gral.Brig.Ae. Julio César Villarroel Camacho, explicó los por menores del proceso de constitución, certificación y el nuevo Decreto Supremo que amplía por seis (6) meses las operaciones de vuelo.

“Durante todo ese tiempo hemos trabajado teniendo resultados esperados en la Constitución de la Empresa y la adquisición de la aeronave para proseguir el Proceso de Certificación ante la DGAC, por esa razón el Gobierno del Estado Plurinacional tras conocer nuestros resultados otorgó este nuevo plazo. Seguros estamos que en poco tiempo lograremos alcanzar el objetivo final", aseveró la autoridad.

ANTECEDENTES

El proceso de constitución de la Empresa Pública TAM se dio inicio a partir del Decreto Supremo N° 3025 (14/12/2016), que establece la creación de TAM-EP; el 23 de diciembre se designó al Gerente General, el mismo reestructuró orgánica y funcionalmente TAM; el 10 de enero se conformó el Directorio de siete miembros presididos por el Ministro de Defensa, esta instancia aprobó los Estatutos, según Resolución Nº 01/2017.

Consecutivamente se aprobó la reglamentación interna incluido el Reglamento Específico de Sistema de Administración de Bienes y Servicios (RE-SABS) para la compra local y compra en el exterior, se obtuvo el Código Institucional Nº 0596 asignado mediante R.M. Nº024 de 24/01/17 por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, incorporándose a TAM-EP a los clasificadores presupuestarios de esta gestión.

Del mismo modo, como establece el D.S. 3025 está en proceso de la asignación de patrimonio de parte de la Fuerza Aérea Boliviana, como requisito de Certificación de la DGAC.

Para consolidar TAM como Empresa Pública de Transporte Aéreo requiere certificar ante la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) una aeronave; por tal razón TAM-EP a la fecha ya realizó la adquisición de la primera aeronave RJ70 E1252, FAB-107 que está preparada para el vuelo de traslado desde Bacau-Rumania y se programó su arribo a Cochabamba Bolivia hasta la primera quincena de julio.

Alcantarí: Exigen informe tras pedido de auditorías

A siete meses de la denuncia presentada ante la Contraloría y la Procuraduría General del Estado en torno a la adjudicación y la construcción del aeropuerto Alcantarí, ambas instituciones mantienen silencio.

“Lamentablemente desde que hemos presentado las auditorías especiales a la Procuraduría y Contraloría, hasta la fecha no se nos ha hecho conocer nada, más el contrario el que era procurador Héctor Arce, ahora Ministro de Justicia, viene a Sucre a festejar todas las veces con un investigado como es el gobernador Esteban Urquizu, lamentablemente así se maneja nuestra justicia”, denunció el vicepresidente del Comité Cívico de Intereses de Chuquisaca (CODEINCA), Eduardo Espada, crítico con el Gobierno y separado de la dirigencia máxima de la organización.

En noviembre de 2016, Espada presentó un memorial solicitando la ejecución de una auditoría especial a la construcción de Alcantarí a cargo de la empresa CONVISA, al presumir daños económicos al Estado por lo que considera una mala ejecución de la obra, además de supuestos actos de corrupción.

En el documento denunció que el presupuesto de la obra ascendía a Bs 380 millones, pero sólo se gastó Bs 150 millones, por lo que la auditoría debía desvelar, a su juicio, quiénes fueron los responsables del supuesto acto de corrupción.

También presentó otro memorial en la Procuraduría General del Estado solicitando una auditoría jurídica para que se investigue la adjudicación de la obra llave en mano.

Espada adelantó que ante el “silencio” de las autoridades de la Contraloría y la Procuraduría, la siguiente semana presentará otros memoriales solicitando información sobre el avance de las investigaciones y de no obtener respuesta analizará activar algún proceso.

También hace siete meses atrás, el senador Omar Aguilar y el presidente de CODEINCA, Freddy Montero, presentaron una denuncia en el Ministerio Público para que investigara la supuesta mala construcción del aeropuerto, pero como sucede con la anterior denuncia, no hay respuestas.

La polémica por la construcción de Alcantarí surgió en septiembre pasado, cuando varias goteras y chorreras al interior de la terminal aérea tras una granizada desvelaron una mala planificación para la ejecución de la cubierta.

En el intento de subsanar las deficiencias, la empresa CONVISA comenzó los arreglos que fueron fuertemente criticados; en ese afán, dos trabajadores (un albañil y un ingeniero) cayeron desde el entretecho, el primero quedó malherido y el segundo murió.

Luego de los sucesivos reclamos regionales, CONVISA a través de la empresa Sinergy realizó el cambio de la cubierta por completo.

Senador Klinsky denuncia sobreprecios en seguros para aviones estatales

"Hemos confirmado con documentación probatoria que el Gobierno ha estado contratando seguros para los aviones del Estado, helicópteros, fábricas, plantas petroleras e incluso movilidades, pagando primas muy superiores a las vigentes en el mercado internacional", explicó en conferencia de prensa.

Señaló que casi todos estos seguros fueron contratados utilizando como broker a la firma Conesa Kieffer, la mayor parte por contratación directa y sólo en los últimos tiempos a través de licitación.

"Tenemos casos como los de las aeronaves del TAB, los Diablos Negros y Diablos Rojos”, detalló, al tiempo de mostrar a la prensa cuadros gráficos que precisan la información.

"Sólo en seguros de aviación habría un sobreprecio de 200 millones de bolivianos y estamos trabajando para determinar a cuánto asciende el monto en otras áreas", agregó el opositor.

El senador remarcó que no se trata de casos aislados sino de "un esquema sistemático aplicado desde el año 2010".

Consultadas por EL DEBER, instancias militares sostuvieron que se presentará documentación para responder a las acusaciones del opositor cruceño, sin dar mayores comentarios.

Cae avioneta militar y sus tripulantes sobreviven

Aproximadamente a las 16:30 de este lunes se precipitó una avioneta perteneciente a la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en el asentamiento Fray Quebracho, distante a 8 kilómetros de la ciudad de Tarija.

De acuerdo con informes preliminares, el piloto, Jorge Fuentes y el copiloto, Jorge Escalante, sobrevivieron al accidente y fueron evacuados a un centro médico.

Paola Iñiguez, directora del Servicio de Emergencia Médica Autónoma de Tarija (SEMAT), informó que hasta el lugar se enviaron tres ambulancias para prestar la ayuda médica y evacuar a la tripulación de la avioneta siniestrada.

"Las victimas de entre 20 y 30 años, de sexo masculino, presentan posiblemente lesiones en la altura de columna lumbar. Una de las víctimas nos indicó que durante el trayecto la nave presentó desperfectos mecánicos y se apagó el motor", informó Iñiguez.

Desde la FAB indicaron que la aeronave Pilatus PC-7 con matrícula FAB-471, asignada al Grupo Aéreo de Caza-33 en la IV Brigada Aérea del departamento de Tarija, tuvo que realizar un aterrizaje forzoso mientras efectuaba operaciones de rutina de acuerdo a su plan de entrenamiento.

Un comunicado oficial añade que el Comando General de la Fuerza Aérea conformó la Junta de Investigación de Accidentes Aeronáuticos (JIAA) para establecer las causas del mismo.

Desde la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), indicaron que hasta el lugar se ha enviado a los inspectores de la dirección regional en Tarija y se comprometieron en brindar una información preliminar en los siguientes minutos.

Comisión de la OACI y de Colombia revisan los expedientes de LaMia

Investigadores aeronáuticos de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), ente especializado en estos temas de las Naciones Unidas, y de Aeronáutica Civil de Colombia están escudriñando en los expedientes judiciales del proceso abierto por la caída del avión de LaMia, hecho ocurrido el 28 de noviembre de 2016 y que causó la muerte de 71 personas en el municipio colombiano de Antioquia.

La comisión, integrada por al menos cinco personas, fue recibida ayer por representantes de la Dirección de Aeronáutica Civil (DGAC) de Santa Cruz y se entrevistaron con algunos de los procesados en este caso.

Fueron hasta el penal de Palmasola, para hablar con el exgerente de la empresa LaMia, general en servicio pasivo de la FAB, Gustavo Vargas Gamboa. También estuvieron en el inmueble del exsupervisor de Aasana Joons Teodovich, que tiene detención domiciliaria luego de haber sido enviado por algunos meses a la cárcel acusado de incumplimiento de deberes y homicidio culposo.

El abogado de Teodovich, Mariano Medina, indicó que los investigadores de la OACI son una comisión completa que tiene la potestad de revisar todas las actuaciones judiciales realizadas hasta hoy.

“Estos representantes no necesitan ningún tipo de requerimiento, porque son parte del organismo rector de todas las normas aeronáuticas que rigen en el mundo. La OACI está por encima de todos”, apuntó el jurista y reveló que a su defendido le habían consultado sobre las circunstancias del hecho y las funciones que cumplía el día en que salió desde Viru Viru la nave que se estrelló en Colombia.

Teodovich es sindicado de haber autorizado el permiso de vuelo de LaMia, donde la exoficial de Aro Ais, Celia Castedo (refugiada en Brasil), hizo varias observaciones. El procesado alegó ser inocente y que solo se enteró del documento de Castedo al día siguiente del siniestro.

Jerjes Justiniano, abogado de Vargas Gamboa, confirmó que su defendido fue entrevistado por la comisión de la OACI y el inspector de Aviación Civil de Colombia, que integra el grupo de extranjeros, en su habitación del recinto carcelario cruceño, donde permanece desde el 8 de diciembre de 2016.
“Le han consultado sobre aspectos técnicos del vuelo que tuvo el accidente.

No le han preguntado nada de la empresa, esta comisión busca conocer las causas que provocaron el siniestro para normar y evitar futuros problemas”, explicó Justiniano y adelantó que el lunes de la siguiente semana su cliente tendrá una nueva audiencia judicial, en la que solicitará la cesación a la detención preventiva.
Vargas Gamboa pidió ser condenado a través de un procedimiento abreviado, solicitud que hasta la fecha los fiscales que investigan el caso no respondieron.

Estuvieron en Fiscalía

EL DEBER observó a los miembros de esta comisión internacional de investigación aeronáutica, dentro de las oficinas de la Fiscalía Departamental. Allí, conversaron con los investigadores de la Policía Anticorrupción y con los fiscales que siguen el caso.
Ingresaron a la sala donde están los estantes con los expedientes voluminosos del proceso, alrededor de las 18:00 y que hasta pasadas las 21:00 seguían observando cada uno de los documentos obtenidos hasta la fecha.

Extraoficialmente se pudo conocer que los expertos de la OACI y de Colombia, tomaron contacto con cada uno de los fiscales de la comisión, los que les permitieron ver todas las actuaciones judiciales.
EL DEBER intentó hablar con el fiscal departamental, Freddy Larrea, pero la autoridad no contestó su teléfono celular. Anoche se reunió con los visitantes.

Aasana: Comisión llegará para buscar responsables

Una comisión técnica de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (AASANA) llegará a Sucre para realizar una verificación al VOR (Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia) y saber qué equipos se perdieron del ex aeropuerto Juana Azurduy de Padilla para encontrar a los responsables.

La semana pasada, el diputado Horacio Poppe denunció que el año pasado los equipos fueron semidesmantelados y abandonados por los mismos funcionarios de AASANA y expresó su temor de que estén en mal estado.

El director ejecutivo de AASANA, capitán Jorge Lafuente, informó a CORREO DE SUR que una comisión estará en Sucre para realizar una evaluación al equipo VOR y confirmar la pérdida de varias tarjetas.

“El equipo analizará el estado e investigaremos quiénes son los responsables de la pérdida y el mal estado del equipo”, sostuvo. El VOR debía ser trasladado al aeropuerto de Monteagudo Apiaguaiki Tumpa, pero ahora deberán esperar el informe técnico de AASANA.