Los directores destituidos de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), César Varela, y de la Administración Autónoma de Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana), Tito Gandarillas, además del exdirector de la DGAC, Edgar Pereyra Quiroga, se encuentran sometidos a un proceso sumariante que puede derivar en procesos penales, informó ayer el ministro de Defensa, Reymi Ferreira.
El trabajo de investigación interna que activó el Gobierno tiene dos aristas. La primera es definir si la empresa aérea cumplió con todos los requisitos legales para obtener la certificación en la DGAC. El segundo aspecto es establecer si se aplicaron correctamente los protocolos de seguridad en la autorización de plan de vuelo chárter de la nave de LaMia.
De acuerdo con informes, la compañía LaMia logró obtener un certificado de explotador de servicios aéreos de carácter “indefinido”, que fue emitido por la DGAC el 31 de julio de 2015, suscrito por el entonces director de esa institución, Edgar Pereyra Quiroga.
La reglamentación del sector establece que una acreditación de tiempo ilimitado se emite a una empresa que dispone de equipos, instalaciones y personal adecuados para realizar operaciones seguras de transporte aéreo comercial y el mantenimiento de sus aviones.
Por otra parte, Ferreira explicó que se coordinará con la comisión internacional que encabeza Colombia, con la participación de Brasil y Bolivia, una comisión tripartita, más la investigación de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), para determinar con certeza las causas del accidente.
Ferreira se retractó de anteriores declaraciones respecto a las posibles sanciones que podrían surgir para el país a raíz de este accidente.
“Somos un país con altos niveles de seguridad. Lamentablemente, por algunos intereses políticos, quieren echar al suelo nuestros aviadores, nuestros pilotos que por volar en condiciones de altura son muy capaces, tenemos un nivel alto de profesionalismo”, dijo.
También reveló que piloto del avión, Miguel Quiroga, estuvo detenido por abandonar la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) para dedicarse a los vuelos privados.
“Lo hemos querido detener al capitán Quiroga. Es más, ha estado detenido y sólo salió por un amparo hace cuatro, cinco meses”, dijo.
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