miércoles, febrero 03, 2016

Inspeccionan aeropuertos por líos con Abertis

Una delegación del Estado y de expertos nacionales e internacionales realizó ayer la inspección del aeropuerto de Cochabamba “Jorge Wilstermann”, solicitada por la empresa demandante, la transnacional Abertis Infraestructura SA.

La delegación estuvo compuesta por el procurador general del Estado, Héctor Arce; el gerente ejecutivo de Servicios Aeroportuarios Bolivianos (Sabsa) Nacionalizada, y el Ministerio de Obras Públicas.

La inspección se realiza por decisión del Tribunal Arbitral, que definió en diciembre reabrir el proceso iniciado por Abertis, que demanda una indemnización de 86 millones de dólares más intereses por el proceso de nacionalización.

El objetivo es conocer la totalidad de los daños ocasionados por la empresa transnacional. La inspección comenzó el lunes en el aeropuerto internacional de El Alto. Ayer continuó en Cochabamba y hasta el 4 de febrero se prevé terminar en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz.

“El Estado boliviano sostiene que los daños gravísimos que ha causado Abertis deben ser rembolsados al Estado. No existe ninguna deuda pendiente de parte del Estado con Abertis por la nacionalización”, dijo Arce de acuerdo con un boletín de prensa de la Procuraduría.

Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Sabsa, Alfredo Chávez, denunció que su sector fue excluido de las inspecciones, más aún cuando hay una sentencia judicial por la cual la empresa transnacional debe pagar 55 millones de bolivianos por concepto de nivelación salarial, según Anf.

“Mañana (hoy) estamos en Santa Cruz para pedir una reunión entre trabajadores y representantes de Abertis para que tengan conocimiento de que hay una orden judicial”, dijo Chávez, quien enfatizó que estas inspecciones están “incompletas” si no participan los trabajadores.

En diciembre pasado, los trabajadores de Sabsa llevaron adelante una serie de protestas exigiendo el pago de esta deuda que, de acuerdo con el gerente de Sabsa nacionalizada, Elmer Pozo, debe ser cancelada por Abertis y no por la actual administración.

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