El Gobierno del presidente Evo Morales analiza ejecutar la expropiación de otra empresa española. El viceministro de Transportes, Edwin Marañón, anunció en las últimas horas que nacionalizarán Servicios de Aeropuertos Bolivianos SA (Sabsa), filial de la española Abertis - Airports, informó el diario digital ABC.es de España.
De acuerdo con ABC.es, Marañón habría señalado que se analiza las medidas a llevarse adelante para justificar una futura acción en que Sabsa no cumplió con las inversiones para mejorar las instalaciones de las terminales aéreas en el eje troncal del país.
Ante la consulta de si no se descarta que esta empresa pase a manos del Estado por incumplimiento de inversiones, el viceministro dijo: "De todo ese incumplimiento hay un análisis, y no está descartado nada".
En mayo del año pasado, el jefe de Estado decidió expropiar la totalidad de las acciones de la española Red Eléctrica Internacional, que desde el 1 de julio de 2002, manejaba la principal red de distribución de energía eléctrica en el país.
Y en diciembre de 2012, nacionalizó cuatro filiales de Iberdrola en Bolivia: Electropaz en La Paz, Elfeo en Oruro, la CompañÍa Administradora de Empresas Boliviana (CADEB) y la Empresa de Servicios, sociedad anónima.
El Gobierno de España condicionó nuevas inversiones empresariales en Bolivia a la emisión de una ley de inversiones que brinde una clara y adecuada seguridad jurídica por parte del Gobierno boliviano, informó el 25 de enero el embajador de España en Bolivia, Ángel María Vásquez Díaz.
El diplomático aclaró que el Gobierno de su país respeta las nacionalizaciones en Bolivia, en referencia a Electropaz, Elfeo y la Transportadora de Electricidad (TDE), que a su criterio son un "derecho que asiste al Gobierno del presidente Evo Morales: "Porque así lo establece su Constitución y porque así es la decisión de su Gobierno democráticamente elegido, sobre ese punto no hay ninguna dificultad para España".
Respecto a la nacionalización de Electropaz y Elfeo, el embajador Vásquez informó que aún continúan las negociaciones con autoridades del Gobierno en busca de conseguir una indemnización justa que podría ser determinada por una empresa auditora imparcial, como establece las normativa internacional.
Asimismo, recordó que el decreto de nacionalización establece un plazo de 180 días para concluir con la indemnización.
España espera que en ese periodo se concluya la elección de la empresa evaluadora y a su vez esa empresa debería rendir el informe que determine cuál es el valor exacto de los activos nacionalizados.
No hay comentarios:
Publicar un comentario